VALLADOLID, 8 de enero. El Fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz, ha expuesto este jueves un contundente informe en el que asegura que se han vulnerado principios fundamentales en el caso que afecta a once acusados, destacando la figura de Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía. Herranz afirma que Delgado lideró una serie de actividades ilícitas que incluyeron chantajes a empresarios del sector eólico para que incluyeran a socios locales o vendieran sus parques a estos.

En un momento clave del juicio, el fiscal dejó claro que la intención de esta causa no es poner en tela de juicio el modelo económico del país, sino verificar la legalidad de acciones específicas. Se refirió a como algunos empresarios que decidieron invertir en energía eólica fueron forzados a retirarse o a ceder sus proyectos, entre los que se encuentran nombres como Canon Power y Ider.

La trama, según el fiscal, se enmarca en la instrucción 2/2004, que otorgó a Rafael Delgado el control exclusivo sobre las autorizaciones de parques eólicos, una facultad que anteriormente pertenecía a los responsables de servicios en las provincias de Castilla y León. Herranz argumenta que esto resultó en una alteración del proceso que vulneró las normativas existentes.

El fiscal denunció que se eliminó erróneamente la normativa que confería a ciertos funcionarios la autoridad de aprobación, lo que permitió que Delgado actuara a su antojo en la concesión de autorizaciones. Señaló que este acto no solo rompía con el espíritu de la ley, sino que también representaba una clara violación de la misma.

Herranz también mencionó cómo empresarios como Gregorio Álvarez y Ricardo Fuster han denunciado presiones para la inclusión de socios determinados por Delgado, lo que consideró como una clara infracción. A su juicio, este cambio de reglas fue conveniente para ciertos empresarios en un contexto donde las exigencias habían sido eliminadas de manera sospechosa.

Las pruebas de los delitos imputados, que incluyen prevaricación y tráfico de influencias, son claras según el fiscal, quien se refirió a documentación que muestra irregularidades en el desarrollo de ciertos proyectos. Un ejemplo es el caso de Preneal, donde, aunque no se garantizó la evacuación de energía, los trámites administrativos avanzaron tras pagos sospechosos a otras empresas vinculadas a acusados del caso.

Asimismo, el fiscal destacó la circulación de listados alterados que, opina, revelan una posible colusión entre Iberdrola y Delgado, quien se habría visto beneficiado al seleccionar arbitrariamente qué parques recibirían autorizaciones y cuáles no, perpetuando el delito.

A pesar de que Delgado atribuyó sus decisiones a indicaciones de un antiguo consejero fallecido, Tomás Villanueva, el fiscal desacreditó esta defensa, sosteniendo que no se demostró la complicidad del consejero y que, en cambio, el principal beneficiario de esta red de corrupción sería Alberto Esgueva, quien recibiría millones de su asociación con Iberdrola.

Alberto Esgueva ha sido señalado como un caso paradigmático de favoritismo, con ganancias millonarias tras la venta de acciones a la empresa eléctrica, mientras que el fiscal se cuestionó sobre la coincidencia de su relación con Delgado en la trayectoria de ambos, sugiriendo un beneficio injustificado para su negocio.

El fiscal, durante su intervención de más de dos horas, también mencionó a otros coacusados, incluyendo a un abogado descrito como testaferro de Delgado, que supuestamente facilitó transacciones monetarias a través de empresas en paraísos fiscales, además de un exdirector de deportes, que habría obtenido beneficios de Iberdrola por la cesión de terreno para un parque eólico.

La acusación solicita penas acumuladas que suman 116 años en prisión y multas que alcanzan los 648 millones de euros para los once acusados. Rafael Delgado enfrenta la pena más severa, seguida por otros coacusados, cuyas condenas varían en función de su implicación en el escándalo.