Crónica Castilla y León.

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Fiscalía solicita 22 años de prisión para jubilado por envío de cartas explosivas a autoridades.

Fiscalía solicita 22 años de prisión para jubilado por envío de cartas explosivas a autoridades.

La AVT solicita una condena de 24 años de cárcel para un jubilado burgalés y recuerda que era contrario al apoyo de España a Ucrania.

MADRID, 22 Mar. - La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide una pena de 22 años de prisión para Pompeyo González, un jubilado de Burgos, debido a su presunta implicación en el envío de cartas explosivas a diversas instituciones en 2022, incluyendo la Embajada de Ucrania, el Ministerio de Defensa, la Embajada de EEUU y el Palacio de la Moncloa.

En el escrito de acusación, se le imputa a González un delito de terrorismo con resultado de lesiones, por herir al empleado de la embajada ucraniana Mykola Velychko, y un delito de fabricación y uso de artefactos explosivos con finalidad terrorista.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita la inhabilitación absoluta y especial para profesiones educativas, junto con el pago de una indemnización de 1.500 euros al trabajador herido.

Por su parte, la AVT pide una pena de 24 años de cárcel para el jubilado de Miranda de Ebro, recordando que era contrario al apoyo que España brindaba a Ucrania y que construyó artefactos explosivos que fueron enviados por correo postal a varias instituciones.

La asociación explica que los dispositivos fueron de tipo "artefacto postal" con una estructura y composición similares, capaces de causar lesiones graves debido a su carga explosiva y metralla incorporada.

En junio de 2023, el magistrado de la Audiencia Nacional propuso juzgar a González por terrorismo y uso de explosivos con fines terroristas, tras enviar cartas explosivas al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, a la Embajada de Ucrania y otros lugares.

El juez argumentó que, a pesar de no tener vínculos con grupos terroristas, las acciones de González durante el conflicto en Ucrania mostraban su intención de perturbar la paz pública y represaliar el apoyo español y estadounidense a Ucrania frente a Rusia.

Se encontraron pruebas en el domicilio de González que lo vinculaban con la fabricación de los explosivos, así como la adquisición de materiales sospechosos a través de compras en línea. Además, se identificaron similitudes en los sellos y sobres utilizados en los envíos explosivos.

El pasado de González como crítico del apoyo a Ucrania por parte de España y Estados Unidos fue clave en la investigación, que evidenció su intento por desestabilizar la situación política mediante actos terroristas.

Por último, la AVT insiste en la gravedad de los delitos cometidos y la peligrosidad que representa González, reiterando su petición de una condena ejemplar de 24 años de prisión por poner en riesgo la seguridad nacional y la integridad de las instituciones del país.