• viernes 3 de febrero del 2023

Fiscalía sostiene 17 años y la acusación especial eleva a 18 la solicitud para el instructor acusado de abusos

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VALLADOLID, 12 Ene.

La Fiscalía de Valladolid y la acusación especial han pedido este jueves 17 y 18 años de prisión, respectivamente, para el instructor laico del Colegio de los Carmelitas Descalzos San Juan de la Cruz de Medina del Campo Ángel F.H, tras estimar acreditado que en el verano de 2020 abusó sexualmente de uno de sus estudiantes, de diez años.

La entrada en vigor de la 'Ley del Sí es Sí' llevó a los dos inculpadores a efectuar las oportunas matizaciones en sus propios escritos, si bien ello no ha impedido a la fiscal del caso sostener su petición de 17 años por delitos de corrupción de menores, abuso sexuales continuados y utilización de menor para material pornográfico, al tiempo que en la situacion del letrado de los progenitores del niño, que en un inicio solicitaba 11 años, su solicitud se ha alto al final a un total de 18 años--incluye un delito de grooming--.

Las testificales y periciales practicadas en tal proceso, que se ha festejado a puerta clausurada a lo largo de los últimos tres días en la Audiencia de Valladolid, son mucho más que suficientes, en opinión de las dos acusaciones, para conseguir un fallo condenatorio del tribunal, y esto más allá de que el enseñante negase en la primera sesión, de manera categórica, haber cometido acción delictiva alguna sobre el alumno, que cursaba 5º de Primaria en el centro educativo medinense.

Nuestro encausado hizo empleo de su derecho a la última palabra para reiterar este jueves su inocencia y soliciar que se lleve a cabo Justicia, algo a eso que, inmediatamente, respondió el presidente del tribunal asegurando que de esta forma sería, según detallaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La declaración de la supuesta víctima, obtenida en un vídeo de prácticamente una hora de duración visionada por las partes en la segunda día, es la primordial prueba de cargo esgrimida por las acusaciones para intentar conseguir un fallo condenatorio.

En verdad, el visionado de la prueba llevó al presidente de la Sección Cuarta de lo Penal a estimar "bastante instruido" al tribunal y a inadmitir las afirmaciones de media de docena de presentes que tenía sosprechado enseñar el letrado que representa a los progenitores de la presunta víctima.

Pero a ello, las acusaciones suman, para basar su convicción de responsabilidad, el informe de la Brigada Informática de la Policía Judicial que, como de esta forma se ha ratificado este jueves, comprueba la realización de un número ingente de llamadas y videollamadas del acusado al alumno entre abril y julio de 2020.

Se llegaron a contabilizar mucho más de 800 llamadas y mucho más de 200 videollamadas, de ellas 55 en un solo día, el 27 de junio, a eso que se aúnan tres cartas halladas en su pc dirigidas al crío en un tono que las acusaciones comprende que no es acorde en una relación académica entre las dos partes.

A lo largo de sus alegatos, la acusación pública y la especial, que piden, respectivamente, indemnizaciones de diez.000 y 45.000 euros, puso en cuestión del mismo modo la actuación seguida por nuestro centro escolar, sin un protocolo de actuación entonces y cuyos causantes han reconocido que primero pusieron los hechos en conocimiento de los progenitores del niño, una hora después se lo comunicaron al denunciado y la última en saber del tema fue nuestra Fiscalía de Menores, con lo que coinciden en que el enseñante tuvo tiempo de remover pruebas.

La defensa del encausado, por su lado, ha pedido un fallo absolutorio al cree que no existe prueba bastante y al comprender que solo se tiene la declaración del menor, que, a su juicio, tiene dentro "graves contradicciones".

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