• sábado 25 de junio del 2022

Fiscalía sostiene la falsedad del cursillo ecuestre al que se dio "fachada real" con facturas "ad hoc"

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Solo ha rebajado la solicitud de pena para el jefe Formación Agraria en Segovia, que pasaría de siete a tres años de prisión

VALLADOLID, 23 Jun.

Fiscalía de Valladolid ha pedido un grupo de penas que suman de 29 años de prisión para 4 gobernantes de la Consejería de Agricultura, tres de ellos de servicio en esta provincia y uno en Segovia, y un hostelero de la Santa Espina tras sostener que en 2010 pergeñaron un cursillo de guía ecuestre que jamás se festejó pero al que brindaron "fachada real" con documentación y facturas falsas "ad hoc".

Es el resumen de la inculpadora pública en su informe final, tras 2 sesiones festejadas en la Audiencia de Valladolid, como conclusión a un juicio en el que a los cinco imputados se les imputa haberse concertado para, a través del polémico cursillo intensivo, ofrecer cobertura legal al pago de una suma elevada que el Centro Ecuestre, con origen en Segovia y ligado de Agricultura, sostenía con la Federación Hípica Castilla y León.

La fiscal jefe considera probada la trama pero, en sus conclusiones, ha retirado los cargos por falsedad y prevaricación contra el jefe de la Sección de Formación Agraria del Servicio Territorial de Agricultura en Segovia, Bernardino H.A, y mantuvo su imputación como coautor de un delito de malversación de caudales públicos, por eso por último la solicitud de pena para él haya pasado de siete a tres años de prisión y de 18 a seis de inhabilitación particular.

En la situacion de los otros 4, la inculpadora no ha variado un ápice su posición al insistir que los hechos son constitutivos de tres delitos de falsedad en archivo oficial, uno continuado; falsedad de archivo oficial efectuado por un especial, tal como un delito de prevaricación en certamen con otro de malversación, de los que hace causantes en diferente medida.

Por ello, sostiene las penas mucho más altas, ocho años de prisión, 19 de inhabilitación y multas de 3.600 euros, para Alicia P.G, jefe del Servicio de Formación Agraria de la Consejería de Agricultura, y Raquel M.G, técnico facultativo del Servicio de Formación Agraria, mientras que José Antonio G.A, ayudar administrativo del Centro de Formación Agraria de la Santa Espina, podría ser culpado a siete años de privación de independencia, 18 de inhabilitación y al pago de 2.700 euros, y en un peldaño inferior el titular de 'El Rincón del Peregrino', Luis Fernando M.M, se muestra a un año y nueve meses de prisión, siete de inhabilitación y multa de 1.800 euros.

La fiscal del caso ha reconocido que "es bien difícil evaluar lo que no existe", pero ha insistido en que toda la documentación del expediente gestionado respecto del cursillo intensivo de guía ecuestre, entre el 2 al 4 de noviembre de 2010, para veinta estudiantes y cuyo ámbito de celebración ubican los acusados en el Centro de Formación de La Santa Espina, en Valladolid, fue lista "ad hoc" con el propósito de ofrecerle "fachada real" y de esta manera justificar los 221.cien euros que cobró la Federación Hípica Castilla y León, los 2.800 que por el hospedaje y conservación percibió el hostelero y los 790 conseguidos por el coordinador.

Como primordiales rastros del cursillo 'espectro', la inculpadora, en afirmaciones agarradas por Europa Press, ha mencionado una secuencia de mails entre 2 de las acusadas mencionando a la necesidad de fingir la celebración para saldar una deuda del Centro Ecuestre de Segovia con la Federación Hípica Castilla y León; visto que exactamente el mismo, en vez de festejarse en la provincia segoviana, se fuera a desarrollar en La Santa Espina, y la declaración del propio Bernardino H.A, "el único que de los acusados que fué radicalmente sincero en esta salón".

La fiscal se refería de esta manera a que el jefe de Formación Agraria en Segovia reconoció que el cursillo ni figuraba en la programación ni presupuestación inicial y que aseguró que él se limitó a suscribirlo a solicitud expresa de los servicios centrales en Valladolid, en concreto de Raquel M.G, en concepto de "este cursillo debe salir sí o sí".

El informe de la Inspección de Servicios de la Junta que en su día recibió la Fiscalía Vallisoletana, en el que se señalan rastros de hechos delictivos en la tramitación del expediente por enseñar varias irregularidades, entre ellas la carencia de la relación nominal de los estudiantes, fué otra de las fundamentas esgrimidas por la fiscal jefe para sostener que el cursillo no se festejó por el hecho de que desde el comienzo la intención era no llevarlo a cabo, algo que asimismo, a su juicio, probaría el apunte de que entre las facturas no aparecen ni el supuesto movimiento de los caballos de Segovia a Valladolid ni el coste de su estabulación.

En el lado contrario, todas y cada una de las defensas han pedido un fallo absultorio fundamentadas en la absoluta inocencia de sus sponsoreados y, en el caso de condena, han entusiasmado de la salón que aplicase las mitigantes de dilaciones incorrectas, la cuasiprescripción de los delitos y la reparación del daño, en referencia a que han abonado de manera facultativa las fianzas pedidas.

Pero además de esto, el gerente legal de Alicia y Raquel volvió a denunciar que todo la situacion una parte de una suerte de 'vendetta' política vehículada por medio de un medio impresa que en el mes de marzo de 2010, a un par de meses de las selecciones autonómicas, publicó una información donde se hacía alusión a falsos cursillos ubicados en la época donde Silivia Clemente figuraba adelante de la Consejería de Agricultura y, además de esto, había sido la primordial artífice de la construcción del Centro Ecuestre de Segovia.

El defensor ha recordado que en el momento en que brincó la novedad, el 12 de marzo de 2010, Clemente había dimitido días antes del cargo de presidenta de las Cortes, había descuidado el PP y se había pronunciado "con expresiones no realmente bonitas" contra el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sin olvidar tampoco que aun habían circulado unos dosieres en oposición a la política segoviana en otra época previo antes de un cambio de legislatura.

Nuestro secretario de la Consejería de Agricultura, Eduardo C.M, a lo largo de la segunda día del juicio, ha reconocido que al aparecer la publicación periodística puso los recortes de prensa a cargo de la Inspección de Servicios, algo que "era la primera oportunidad que ocurría", sin que hasta el momento se hubiese recibido protesta alguna sobre la administración de la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria.

Aun el testigo, la persona que 'motu proprio' decidió subir la información de prensa a la Inspección, ha ensalzado la experiencia tanto de Alicia como de Raquel, la primera de ellas hoy en dia ocupando un puesto de nivel 28 en la Administración regional y la segunda ascendida a lo largo de año y medio al puesto de jefe de servicios. "Su distribución y trabajo estuvo siempre y en todo momento al límite nivel. Es para mi muy lamentable estar aquí el día de hoy en esta salón por el hecho de que el perfil de las dos no me encaja en estos sucesos", ha advertido Eduardo C.M.

La defensa de las dos funcionarias, de la misma el resto, han incidido del mismo modo en que el informe policial efectuado por el Grupo de Investigación de Delitos Tecnológicos de Valladolid sobre los controvertidos correos entre Alicia y Raquel, con teóricos mensajes el 6 de agosto de 2009 y el 13 de enero de 2010 sobre la necesidad de ofrecer fachada real a un currillo formativo, no ha lanzado luz alguna por cuanto solo reflejan 'trazas' que únicamente comprueban su envío y recepción, no de esta forma el contenido de exactamente los mismos.

Asimismo el defensor ha recordado que en el caso de condena, debería figurar el directivo general de Industrialización y Modernización Agraria, Jorge M, quien intervino en el expediente firmando hasta nueve documentos, entre ellos el de autorización del curso en 26 de octubre de 2010 y otro, incorporado en el juicio, aprobando un aumento de su presupuesto.