Franz Weber exige a la Junta de CyL detener la caza durante las vacaciones navideñas escolares

Franz Weber exige a la Junta de CyL detener la caza durante las vacaciones navideñas escolares

La Fundación Franz Weber ha presentado una demanda contra la Junta de Castilla y León en la que solicita la suspensión de la caza entre el 23 de diciembre y el 8 de enero. Esta solicitud se realiza considerando las vacaciones escolares en la comunidad y con el objetivo de proteger a los menores de edad de la exposición a la violencia y los riesgos asociados.

La petición se enmarca dentro de la Observación General nº26 del Comité de los Derechos del Niño, que insta a no exponer a los menores a la violencia, incluida la ejercida sobre animales. Según la fundación, "los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales".

Los naturalistas argumentan que durante este período es común el aumento del turismo, tanto nacional como europeo, que aprovecha para realizar actividades al aire libre, como senderismo, alojamiento en establecimientos rurales y deportes relacionados con la naturaleza. Además, señalan que muchas familias evitan este tipo de ocio porque consideran que se arriesgan durante los días de caza.

Las denuncias por la aparición de cartuchos en senderos son frecuentes, y la inacción de la administración genera una sensación de impunidad.

Según datos de la Guardia Civil, entre 2007 y 2020 se reportaron decenas de incidentes relacionados con la caza, resultando en al menos 62 víctimas de diversos grados de lesiones, incluyendo seis personas fallecidas. La Fundación Franz Weber argumenta que este número de víctimas sería inaceptable si habláramos de ciclismo, senderismo o montañismo, por lo que consideran irreal afirmar que la caza es compatible con otras actividades en la naturaleza.

La ONG naturalista reclama la regulación de esta prohibición de cazar durante las vacaciones escolares, con un enfoque especial en la protección de la infancia y la adolescencia.

Esta propuesta, afirman, sería fácil de implementar y urge al Gobierno regional a tomar decisiones basadas en la seguridad pública y los derechos de los menores.

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Castilla y León