Crónica Castilla y León.

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Gallardo demanda disminuir la protección del lobo para permitir su caza regulada en España.

Gallardo demanda disminuir la protección del lobo para permitir su caza regulada en España.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha hecho hincapié en la necesidad de adaptar la normativa para permitir nuevamente la caza controlada del lobo en España durante su visita a la localidad burgalesa de Cigüenza el viernes pasado.

García-Gallardo ha expresado su preocupación por los constantes ataques de lobos a las explotaciones ganaderas de la comarca de Las Merindades y ha atribuido esto a la "hipocresía, error y fanatismo ideológico de algunas élites que gobiernan las instituciones europeas". Según él, estos ataques son un fenómeno recurrente que afecta a los ganaderos y a la vida en los pueblos de la zona.

En respuesta a esta situación, el vicepresidente de la Junta ha pedido una adaptación de la catalogación del lobo como especie protegida para equipararla a una "protección simple", como ha sido solicitado ante la Comisión Europea. Además, García-Gallardo insta al Gobierno de España a derogar el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y a aprobar una nueva orden que permita la caza del lobo, siempre respetando los criterios medioambientales.

García-Gallardo ha dejado claro que no se busca regresar a una situación donde la especie estuviera en peligro de extinción, pero sí se pretende encontrar un equilibrio que proteja a los ganaderos que están cada vez más afectados por los ataques de los lobos. Además, ha advertido de que estos animales están llegando incluso a los núcleos de población de la comarca, generando temor y afectando el estilo de vida de los habitantes.

Por tanto, el vicepresidente autonómico ha hecho un llamado al Ministerio para que actúe con sentido común y recupere la cordura en la gestión de las poblaciones de lobo, permitiendo que la vida en los pueblos sea nuevamente sostenible. Además, ha defendido la gestión realizada por la Junta de Castilla y León en este tema y ha destacado la importancia de establecer acuerdos con otras comunidades autónomas que están igualmente afectadas por este problema, como Cantabria, Galicia y Asturias.