Gobierno eliminará los peajes de AP6 y AP61 a partir de 2029, afirma Lirio Martín (PSOE)
La senadora Lirio Martín, representante socialista por Segovia, se ha mostrado abierta a colaborar con otras administraciones para abordar el grave problema de tráfico en San Rafael.
En una actualización sobre su trabajo en el Senado, Martín ha dejado claro que el Gobierno tiene como objetivo eliminar los peajes en el túnel de Guadarrama para noviembre de 2029 y está dispuesta a trabajar en conjunto con otras entidades para encontrar soluciones para el intenso tráfico en la zona.
La senadora ha destacado que existe un plan en marcha para estudiar las acciones necesarias en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, y ha resaltado que el criterio actual del Gobierno es no prorrogar las concesiones de las autopistas una vez llegada la fecha límite en 2029.
En relación con la historia de los peajes en la región, Martín ha recordado que fue el Partido Popular el responsable de imponer una autopista de peaje en Segovia y ha criticado la gestión pasada en este tema.
La senadora ha enfatizado la importancia de la colaboración entre la Junta y el Ministerio para mitigar el impacto económico en los ciudadanos que utilizan las autopistas a diario y ha instado a la responsabilidad en los esfuerzos para resolver el tráfico en San Rafael.
En cuanto a las protestas de los vecinos, Martín ha señalado que es crucial buscar soluciones a través de canales legales y ha expresado su preocupación por la reciente decisión del consejero de Transportes de la Junta de Castilla y León, calificándola como un revés en los avances previos.
La senadora ha concluido reafirmando su compromiso de continuar trabajando para abordar los problemas de tráfico en la zona, independientemente del partido político en el poder, y ha destacado la importancia de las medidas implementadas por el actual Gobierno para corregir las irregularidades derivadas de anteriores administraciones.
En su balance del curso político, Martín ha mencionado sus esfuerzos para promover políticas contra la violencia vicaria, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la protección de los consumidores y la reforma de la Carta Magna para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.