Crónica Castilla y León.

Crónica Castilla y León.

Herrera niega tener conversaciones sobre La Perla con la Consejería de Hacienda.

Herrera niega tener conversaciones sobre La Perla con la Consejería de Hacienda.

El que fuera presidente de la Junta de Castilla y León durante dieciocho años, el 'popular' Juan Vicente Herrera, ha indicado que no tuvo conocimiento sobre el edificio de 'La Perla Negra' hasta 2008, cuando el entonces vocal de Gesturcal Pablo Trillo le expuso sus dudas sobre distintas cuestiones, pero ha negado que a partir de ese momento hiciera gestiones como mediador entre las consejerías de Economía y Hacienda para que sus máximos responsables trataran de encauzar el proyecto de la mejor forma posible.

En su declaración de poco más de veinte minutos, en calidad de testigo, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid para esclarecer tanto el proceso de compra del citado inmueble como la adquisición de terrenos para un fallido polígono industrial en Portillo, el expresidente tanto de la Junta como del PP en Castilla y León ha centrado su intervención en el encuentro que en septiembre de 2008 mantuvo con Pablo Trillo, vocal de Gesturcal, en el que este último le trasladó su inquietud tanto por la fórmula de uso de 'La Perla Negra', bien su alquiler o compra, como por el precio "elevadísimo" barajado en ambos casos.

"Es en ese momento cuando tomo conciencia de un asunto que no conocía a través de un comentario, casi por una confidencia, de Pablo Trillo y mi respuesta es que me voy a informar", ha recordado Herrera, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, niega haber mantenido al respecto más encuentros con el vocal de Gesturcal y reduce a una reunión la mantenida con éste sin siquiera ser capaz de contextualizar si la misma se produjo en su despacho o incluso a la salida de la Feria de Valladolid cuando su interlocutor ocupaba el cargo de delegado territorial de la Junta.

De lo que sí está seguro Herrera es de que a partir de entonces cumplió su promesa de informarse y de que lo hizo a través, "lógicamente", de quien era consejero de Economía y presidente de Gesturcal, el ya fallecido Tomás Villanueva, y quien le informó de reunir en un único edificio todos los servicios de apoyo a las empresas en lo que el exmandatario del PP sigue considerando hoy como una iniciativa "con sentido y coherente" con el "enorme esfuerzo" que la Junta hizo para la concentración de distintos servicios entonces dispersos.

"Me pareció acertado y coherente confiar en el Consejo de Administración de Gesturcal y entiendo que los posibles errores que se han podido cometer es cuando se prescindió del Consejo de Administración de esa sociedad", ha advertido Herrera, quien insiste en que tras ese contacto con Trillo la información que recibe sobre la iniciativa de compra del Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo es a través de conversaciones con Villanueva.

Sobre la compra de terrenos en Portillo, y también únicamente a preguntas del letrado defensor del encausado y exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, el que hoy es integrante del Consejo Consultivo de Castilla y León se ha limitado a indicar que la iniciativa la tomó Gesturcal a partir de la valoración de los datos oportunos.

También entre los testigos ha comparecido, por videoconferencia, la que en la época investigada era la secretaria general de la Consejería de Hacienda, María Teresa Mata, quien fue la encargada de tramitar la encomienda de gestión entre dicho departamento y el que ocupaba Rafael Delgado como secretario general de Economía y Empleo para que esta última Consejería se hiciera cargo de proceso de arrendamiento de un edificio para reunir en él distintos servicios administrativos.

La testigo, quien se disculpado ante el tribunal por no recordar muchos detalles quince años después y por el hecho de que ella no era personal de la Junta y dejó el cargo en febrero de 2009, sí ha dejado como valoración más interesante la relativa al precio del alquiler del polémico inmueble. "Recuerdo haber visto el precio y entonces no me pareció que las condiciones fueran muy favorables, muy rentables para la Junta de Castilla y León", ha apuntado.

La entonces secretaria general de la Consejería de Hacienda, en contra de lo indicado hace dos días por la titular, Pilar del Olmo, ha asegurado que tanto ella como el director general de Presupuestos, José Armando Baeta, en calidad de miembros de Gesturcal, mantuvieron en todo momento informada a la consejera de todo lo que se acordaba en el Consejo de Administración de dicha sociedad pública.

El útimo en prestar declaración, en su doble condición de testigo y perito, Santiago Salas Lechón ha comparecido para ratificar el informe pericial evacuado en 2014 en el que, como así ha precisado, tanto los contratos de arrendamiento y compra de 'La Perla' como la adquisición de terrenos en Portillo estaban sometidos únicamente a "derecho privado" con arreglo a la Ley de Patrimonio al entender que Gesturcal no formaba parte de la administración institucional y general.

El informe había sido solicitado por varias defensas con el propósito de demostrar que los trámites habidos en los dos polémicos proyectos, en contra del parecer de las acusaciones, no tenían que haber seguido las normas de publicidad y convocatoria de concurso y otros propios de la administración pública, al tratarse Gesturcal de una sociedad anónima pública al margen de la Administración autonómica.

Tras la séptima jornada del juicio, el mismo no se reanudará hasta el próximo día 18 de marzo con la declaración de otros cinco testigos más.

El proceso judicial investiga la compra de 'La Perla' y el fallido polígono industrial de Portillo, operaciones que, según las acusaciones, fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo) a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal SA y a partir del año 2008 ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 años en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 que globalmente pide la Junta, como acusación particular, para ocho de los encausados.