VALLADOLID, 25 de noviembre.

La jornada del juicio relacionado con la 'trama eólica' ha estado marcada por el testimonio del inspector de Hacienda, Juan Manuel Tocino, quien previamente había sido perito en el célebre caso de 'La Perla Negra'. Durante su declaración, Tocino ha expuesto que diversas empresas y sus representantes estructuraron un esquema para favorecer a “grandes empresas de Castilla y León”, implicándose en lo que ha calificado de "simulación fiscal" con fondos que, en su opinión, podrían considerarse como "donaciones encubiertas".

El inspector no ha escatimado críticas a una operación clave relacionada con la compra de acciones entre Iberdrola y San Cayetano Wind, empresa del empresario Alberto Esgueva. Tocino calificó como "inverosímil" este acuerdo alcanzado en 2007, argumentando que es algo que nunca había presenciado en toda su carrera profesional. Este acuerdo permitió a San Cayetano Wind obtener 44 millones de euros tras revender acciones a Ibercyl, una filial de Iberdrola, por una cantidad considerablemente menor, evidenciando un grave desajuste en la transacción.

A lo largo de su exposición, Tocino se mostró escéptico sobre la justificación mercantil detrás de la relación entre ambas entidades, destacando que, a pesar de que Iberdrola exigía la prestación de servicios, la parte beneficiaria no cumplió con esta condición, lo que plantea numerosas dudas sobre la naturaleza real del trato.

"¿Era realmente necesaria la participación de esta empresa local para que Iberdrola pudiera obtener las autorizaciones necesarias? Desde una perspectiva técnica, no lo creo. Además, el hecho de que Iberdrola facilitara un préstamo a San Cayetano, en lugar de buscar un socio capitalista, refuerza mi conclusión de que se trata de un planteamiento que carece de explicación lógica", sentenció el inspector.

Tocino fue contundente al afirmar que las operaciones en cuestión son ejemplos de “simulación fiscal”, susceptibles de ser consideradas delitos fiscales y, por lo tanto, merecedoras de las máximas sanciones. En su análisis, defendió que la persona de Iberdrola que avaló esta operación no debería haber permanecido en su puesto ni un minuto más, dado el coste de 44 millones de euros que implicó para la compañía.

La investigación del inspector tiene sus orígenes en 2013, cuando comenzó a examinar la relación de Collosa-Inverduero Eólica y Preneal. A partir de ahí, surgieron alarmas por datos irregulares que facilitaron a la primera recibir un 51% de las acciones de Preneal sin contraprestación alguna, un acuerdo que generó 35 millones de euros. Tocino destacó la inusual deducción fiscal que el Grupo Collosa capitalizó a través de esta transacción, lo que suscitó aún más sospechas sobre la naturaleza del negocio.

Durante su investigación, Tocino se reunió con representantes de Preneal en Madrid, donde fueron informados sobre “imposiciones” que les hicieron perder millones. Uno de los testimonios más sorprendentes vino de una representante que afirmó que su empresa era "una víctima del sistema", sugiriendo la existencia de chantajes por parte de altos funcionarios de la Junta para permitir la participación de empresarios locales en el sector eólico.

El inspector identificó un patrón recurrente en estas transacciones, donde se crean sociedades vehículo que, tras obtener licencias valiosas, llevan a cabo transferencias de fondos procedentes de las compañías que poseían los terrenos a otras entidades. Según el inspector, esto fue exigido por el viceconsejero de Economía en ese entonces, Rafael Delgado, como parte de un acuerdo para evitar que los proyectos quedaran paralizados.

En su testimonio, Tocino aclaró que algunas empresas revendían acciones a precios significativamente más altos que el capital invertido inicialmente, un patrón que evidencia prácticas cuestionables en el sector eólico.

En la misma línea, se analizó la relación entre Iberdrola y Andrés Martín de Paz, exdirector general de Deportes de la Junta, implicado en la sociedad Villardefrades Eólica. El escándalo se agudiza al revelarse que Martín de Paz solamente había aportado 600 euros a la sociedad, mientras que posteriormente recibió más de 4 millones de euros de Iberdrola sin haber realizado aporte significativo alguno.

Finalmente, el inspector mencionó que la investigación sobre las empresas asociadas a Rafael Delgado ha sido abordada con cautela, reconociendo que las pesquisas sobre Sañudo Activos y Delgado Núñez Consulting fueron delegadas a otro inspector. Sin embargo, destacó las irregularidades en traspasos de fondos entre estas empresas y otras vinculadas a un abogado que se considera próximo a Delgado, enfatizando el uso de la estructura legal de estas mercantiles para evadir obligaciones fiscales.