La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Soria ha dejado en evidencia la ilegalidad de la ordenanza municipal que regula el famoso Toro de Júbilo de Medinaceli, que ha sido objeto de modificaciones a lo largo de los años sin respetar el procedimiento adecuado.
El Partido Animalista (Pacma) ha informado sobre esta sentencia, la cual surge como resultado de un recurso presentado por la formación en noviembre de 2023 contra el Ayuntamiento de Medinaceli y la Junta de Castilla y León.
Pacma, que ve en esta sentencia un paso importante hacia la erradicación del Toro de Júbilo, interpuso un recurso en contra de la aprobación del espectáculo taurino por parte del Ayuntamiento de Medinaceli y la autorización de la Junta de Castilla y León para su celebración en noviembre de 2023.
El magistrado encargado de este caso ha determinado que es necesario anular la actuación administrativa y ha destacado que la ordenanza municipal en cuestión ha sido modificada sin seguir el procedimiento legalmente establecido, lo que ha llevado a perder su carácter tradicional.
Pacma destaca que la sentencia hace referencia al artículo 333 bis del Código Civil, el cual establece un nuevo enfoque en la consideración de los animales como seres sensibles, lo que afecta directamente a las justificaciones utilizadas para respaldar la celebración del Toro de Júbilo.
El informe pericial presentado por Pacma, realizado por veterinarios expertos en la materia, ha sido calificado en la sentencia como riguroso y esclarecedor sobre el daño que sufren los toros de lidia durante este tipo de festejos.
Por otro lado, el informe presentado por las partes demandadas ha sido criticado por el magistrado por su falta de fundamentos razonables y científicos, lo que ha contribuido a reforzar la posición de Pacma en este caso.
En resumen, la ordenanza municipal que regula el Toro de Júbilo ha sido declarada ilegal por el juez, debido a la falta de bases legales y regulatorias, lo que cuestiona la manera en que el Ayuntamiento de Medinaceli aprobó las modificaciones en el año 2015 sin seguir los trámites adecuados.
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