La Fiscalía ha solicitado un total de 33 años de prisión para un grupo de catorce individuos implicados en una presunta red de préstamos fraudulentos destinados a tratamientos dentales. La audiencia programada para el inicio del juicio en Valladolid ha sido aplazada debido a la enfermedad de uno de los abogados defensores, lo que ha generado un retraso en el proceso judicial.

Este juicio, que estaba agendado para el lunes y martes en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, se ha visto interrumpido hasta que el abogado se recupere completamente, según informaron fuentes legales a Europa Press. Este hecho ha sido considerado un contratiempo significativo en un caso que ha captado la atención de la opinión pública.

Entre los encausados se encuentra Rubén A.R., un protésico dental señalado como uno de los instigadores del asalto a una vivienda que resultó en la muerte de una mujer septuagenaria. Este caso ha agregado una capa de complejidad a la situación, ya que los acusados enfrentan un cúmulo de penas que, en conjunto, ascenderían a 33 años de cárcel. Su conducta delictiva, que supuestamente involucraba la obtención de créditos para tratamientos dentales que nunca se realizaron, ha causado un perjuicio económico de más de 200.000 euros a las entidades prestamistas.

En un juicio anterior, Rubén A.R. y otros cinco cómplices fueron condenados a once años y medio por tentativa de robo y homicidio. Sin embargo, en esta instancia, Rubén A. y catorce otros deberán afrontar cargos diferentes. De ellos, siete están acusados de un delito continuado de estafa y falsedad en documentos privados, mientras que los restantes enfrentan únicamente un cargo de estafa.

Rubén R., propietario de la clínica 'Rubaldent', y Carmen C.P., gestora de Deutsche Bank, son los que enfrentan las penas más severas, con posibilidad de cinco años de prisión y multas que ascienden a 4.500 euros. Otros acusados, como Jonathan C., Melanio V., y Alexis P., se enfrentarán a penas de dos años y medio en prisión, mientras que otros seis implicados están sujetos a un año y medio de cárcel, según lo solicitado por la Fiscalía.

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía también ha solicitado que Rubén A. y Carmen C. sean responsables civilmente, obligándolos a indemnizar a Deutsche Bank por los préstamos en cuestión, así como a Cofidis y Banco Cetelem, por las deudas correspondientes que generaron estas operaciones fraudulentas.

En su exposición, la Fiscalía argumenta que Rubén A.R., con la colaboración de Carmen C. y otros cómplices, ideó un plan para captar préstamos con fines engañosos. Al parecer, se dirigieron a personas en situaciones económicas vulnerables, manipulando documentos como nóminas y declaraciones de la renta para aparentar solvencia y así asegurar la aprobación de los créditos por parte de Deutsche Bank.

Una vez aprobados los préstamos, los acusados procederían a eludir su responsabilidad, ya que los prestatarios se declararían insolventes y los préstamos quedarían impagados. Este mecanismo incluía la contratación de seguros que, supuestamente, servirían para cubrir la pérdida del empleo, logrando de esta manera que la trama delictiva permaneciera oculta durante más tiempo.