• viernes 3 de febrero del 2023

Junta acusa al Gobierno de "vulnerar el derecho de autonomía", estudia asistir a la Justica y velará por las gestantes

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VALLADOLID, 15 Ene.

La Junta no desecha llevar a cabo acciones judiciales frente a los requerimientos y comunicados oficiales del Gobierno central a una Comunidad Autónoma, puesto que los considera "vulneradores de su autonomía y sus competencias", y advierte de que velará "por que se lleven a cabo todas y cada una de las acciones que supongan un aumento de los derechos escenciales de la mujer preñada en todas y cada una de las situaciones".

En un aviso, el Gobierno autonómico ha recordado que cualquier medida de promuevo de la natalidad y de acompañamiento a la familia se va a aplicar siempre y en todo momento "sobre tres premisas". "En primer rincón, el respeto absoluto a la Ley, a independencia y los derechos de la mujer preñada y de los expertos sanitarios".

En este sentido, el Ejecutivo autonómico "garantizará la independencia y voluntariedad" para las mujeres embarazadas que lo requieran y, "evidentemente", se asegurará la app bajo el "riguroso método médico, acatando la ley y acatando las sugerencias de las sociedades científicas", como recuerda, ahora explicó el asesor de Sanidad, Alejandro Vázquez, a la ministra del ramo, Carolina Darias, mediante una carta mandada el pasado viernes.

"Castilla y León fué siempre y en todo momento una red social vanguardista en la defensa de los derechos de la mujer y lo proseguirá siendo", influye, con lo que lamenta "la carencia de diálogo" del Gobierno de España con esta red social "leal que actúa siempre y en todo momento desde el absoluto respeto a la Ley".

Al hilo de estas expresiones, la Junta advierte de que empleará "todos y cada uno de los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su predisposición para proteger la independencia de las mujeres y el derecho de la mujer preñada a una atención sanitaria correcta y actualizada en los términos establecidos en la normativa vigente". "La Junta velará por que se lleven a cabo todas y cada una de las acciones que supongan un aumento de los derechos escenciales de la mujer preñada en todas y cada una de las situaciones", ha ahondado.

Ante esta situación, la Junta apunta que "va a estudiar, establecerá y regulará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en temas de sanidad que corresponden a la Comunidad".

Por este fundamento, la Consejería de Sanidad mandará mañana la correcta contestación al Ministerio de Sanidad y, en su caso, realizará el oportuno requerimiento oficial donde pedirá al Gobierno de España "abstenerse" de regentar requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma "vulneradores de su autonomía y sus competencias", agarradas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, "al fácil amparo de novedades en medios". "Hablamos de políticas de medidas de natalidad y acompañamiento a la familia", apostilla.

Además, recuera que la Comunidad tiene "plena autonomía" para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación sobre esto que constituya "actualizaciones" en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas "y en las pruebas médicas que se tengan en cuenta primordiales, en el conocimiento científico de hoy, siempre y en todo momento en el contexto de la normativa general y concreta de app, y con pleno respeto a los derechos escenciales de la mujer preñada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario".

También ten en cuenta que las obligaciones de colaboración interadministrativa "están establecidas normativamente y se realizan apropiadamente por medio de los órganos sectoriales de coordinación establecidos, con lo que ninguna obligación concreta existe de que esta Comunidad, en el legítimo ejercicio de sus competencias, indique inmediatamente a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o normas escritas o verbales a través de las que ejercite sus debidas competencias".

"En en el caso de que con esta comunicación y, en su caso, el requerimiento que mañana logre realizarse, no sea atendido íntegra y también instantaneamente por el Gobierno de España, la Junta no desecha llevar a cabo actuaciones jurídicas auxiliares, a la visión de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España tienen la posibilidad de contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico", añade.

Además, la Junta va a estudiar si es requisito ejercer "otras acciones legales, ya que la app de las acciones anunciadas por la parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma".

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