VALLADOLID, 8 de enero.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid ha dado a conocer su sentencia condenatoria relacionada con el polémico caso del Edificio de Soluciones Empresariales, ubicado en Arroyo de la Encomienda, así como la controversia que envuelve la adquisición de terrenos destinados al Parque Empresarial de Portillo. Esta resolución se ha dictado en parte conforme a las solicitudes de penas y delitos establecidos en la acusación inicial presentada por la Junta de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León ha mostrado su satisfacción por las penas dictadas, que se alinean con lo que habían solicitado, aunque otras acusaciones habían solicitado penas aún más severas. Este respaldo por parte de la Administración regional fue manifestado a través de un comunicado amplificado por Europa Press, destacando la importancia de la resolución para la justicia en la comunidad.

En cuanto a las obligaciones económicas establecidas, se ha determinado que los acusados Rafael Delgado, Germán José Martín Giraldo y Ángel Román Montes deberán indemnizar, de manera solidaria, a la administración autonómica con un monto de 4.512.066,29 euros por el caso del Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo. Además, la sentencia establece la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa Urban Proyecta PM3 S.L., lo que añade un elemento de responsabilidad corporativa en este asunto.

Por otro lado, en relación con la adquisición de los terrenos destinados al Parque Empresarial de Portillo, se impone a los acusados Rafael Delgado, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González Maestro la obligación de indemnizar a la Junta de Castilla y León con una suma de 2.026.198,37 euros, también declarando la responsabilidad civil subsidiaria de Parque Empresarial de Portillo S.L. y Cementos La Bureba S.L.

La Audiencia Provincial ha enfatizado la relevancia del papel de la Junta de Castilla y León como acusación particular, considerándolo fundamental para el desarrollo y el resultado de este caso. Por esta razón, se ha ordenado a los acusados que asuman el costo de las costas judiciales, un aspecto que no se ha aplicado a la acusación popular que participó en el proceso.

En lo que concierne a la posibilidad de recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo, dado que la resolución es definitiva pero no firme, la Junta de Castilla y León informa que estudiará con detenimiento los fundamentos presentados en la sentencia. Posteriormente, dentro del plazo estipulado, se tomará la decisión sobre la interposición de un recurso. Este proceso se realizará en un marco que respeta la presunción de inocencia y el derecho a una defensa legítima de los condenados, quienes también tienen la opción de apelar.