La Junta de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) de la región se han unido para exigir a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que anule de manera inmediata la Orden de septiembre de 2021 que incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Además, instan al Gobierno a colaborar con la Unión Europea y las comunidades autónomas para modificar el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats y así cambiar el estatus del lobo para que sea "gestionable" en toda Europa. Esta propuesta es más complicada debido a la reciente propuesta de la Comisión Europea de rebajar la clasificación del lobo de "estrictamente protegido" a "protegido".
Estas demandas surgieron durante una reunión entre el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León y los representantes de las OPAs para analizar la propuesta de la Comisión Europea. En la reunión, se hizo hincapié en la urgencia de anular la Orden ministerial que incluyó al lobo en el LESPRE, y se planteó la posibilidad de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dictara una nueva Orden para volver al régimen anterior. Según el consejero, esta medida permitiría gestionar de manera controlada y técnica la población de lobos al norte del Duero.
Tanto el consejero como los representantes de las OPAs criticaron los efectos negativos de la inclusión del lobo en el LESPRE, que ha causado un aumento del 30% en los daños a la ganadería y las indemnizaciones. El consejero subrayó la importancia de recuperar el consenso sobre el control del lobo y advirtió al Gobierno de la nación que Europa espera un cambio de postura. Según él, la protección excesiva del lobo ha sido contraria a los intereses del sector ganadero y de la sociedad en general.
Los representantes de las OPAs exigieron un cambio drástico, argumentando que incluir al lobo en el LESPRE fue una barbaridad. Aseguraron que entre septiembre de 2021 y diciembre de 2023 se registraron más de 12.000 ataques de lobos a la ganadería en Castilla y León. También destacaron la importancia de los ganaderos de extensivo para la gestión del territorio y pidieron una conferencia Sectorial para abordar el tema. Finalmente, advirtieron que si el Gobierno no cambia el régimen de protección del lobo, habrá presión ya que la situación es desesperada.
El consejero enfatizó que el debate no se trata de la conservación del lobo en sí, ya que ya ha sido efectiva, y rechazó las lecciones sobre conservación de especies. Propuso buscar un consenso que permita discutir si la gestión del lobo es suficiente o no. Sin embargo, advirtió que si no se les permite hacerlo, podrían ejercer presión junto con otras comunidades autónomas. También expresó su pesimismo sobre un posible cambio de postura del Ministerio antes de la publicación del próximo censo nacional decenal.
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