VALLADOLID, 14 de enero. La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha alcanzado un consenso con las organizaciones agrarias de Castilla y León para poner como condición primordial la obtención de una "reciprocidad real y efectiva" en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Esto implica que las importaciones de productos de estos países cumplan con los mismos estándares medioambientales, agronómicos y sociales que se exigen a los productores locales, asegurando un control de trazabilidad adecuado.

González Corral ha declarado que el respaldo al acuerdo se hará únicamente si se garantiza esta reciprocidad. "Es imprescindible que defendamos este principio, así como las cláusulas de salvaguardia que son fundamentales para los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad", añadió la consejera. El documento consensuado de siete puntos será presentado al Gobierno español y a las instituciones europeas antes de la firma del pacto el próximo 17 de enero en Paraguay, que aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo.

Todos los representantes de las organizaciones agrarias han coincido en instar a los eurodiputados a que rechacen el acuerdo comercial hasta que se ofrezcan "suficientes garantías" sobre la igualdad de condiciones para los productos que provienen de países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es esencial que se asegure la reciprocidad para que tanto los productores europeos como los sudamericanos puedan competir en un entorno equilibrado.

El coordinador de la Unión de Campesinos, Jesús Manuel González Palacín, manifestó su rechazo al acuerdo, señalando que ahora el responsabilidad recae en el Parlamento Europeo. Aurelio González de la Alianza UPA-COAG también hizo un llamado al voto contra la propuesta, subrayando que las condiciones actuales no son adecuadas para avanzar con el pacto y que "aún hay camino por recorrer".

Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, reafirmó su oposición al acuerdo actual, argumentando que no respeta la reciprocidad y que perjudica tanto a los productores españoles como a los consumidores, quienes verían inundados sus mercados con "productos de inferior calidad y sin garantías sanitarias". "Instamos a nuestros eurodiputados a oponerse contundentemente a esta firma", enfatizó.

El acuerdo firmado también incluye la demanda al Gobierno central de realizar un "análisis exhaustivo" sobre el impacto del pacto, especialmente en productos clave como la remolacha, cereales, miel y carne vacuna, que son considerados vulnerables en la comunidad autónoma.

En este contexto, González Corral expresó su preocupación por la falta de respuesta del Ministerio de Agricultura para concertar una reunión con las comunidades autónomas sobre este acuerdo y planea transmitir la inquietud del sector en la próxima reunión del Consejo Consultivo.

Además, se demandan "salvaguardas efectivas y activables de inmediato" en caso de aumentos desmesurados en las importaciones o caídas drásticas de precios, así como compensaciones operativas cuando sea necesario y la defensa de la soberanía alimentaria europea.

Asimismo, se requieren mayores controles fronterizos y auditorías respecto a las inspecciones en países terceros, para garantizar que se cumplan los requerimientos sanitarios y de bienestar animal. Aurelio González destacó que un 80% de los fitosanitarios usados en Brasil están prohibidos en la UE, y cuestionó la posibilidad de que esa situación cambie rápidamente, recordando que estos productos han sido rechazados en Europa debido a sus efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

Finalmente, tanto la Junta como las organizaciones agrarias han vinculado la defensa del sector y el acuerdo entre la UE y Mercosur a la próxima negociación del Marco Financiero Plurianual y a la solicitud de una PAC post-2027 "sólida" que mantenga las dotaciones del FEAGA/FEADER y sin recortes significativos.