VALLADOLID, 14 de diciembre. La Junta de Castilla y León, en colaboración con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que remita a la Comisión Europea el informe sexenal sobre el estado del lobo, el cual ha sido aprobado y calificado con un "estado favorable" para las regiones atlántica y mediterránea.

En una reunión reciente, tanto el Ejecutivo autonómico como las OPAs han revisado los cambios normativos que afectan la gestión del lobo en España, así como en Castilla y León, considerando las reformas implementadas este año tanto a nivel europeo, mediante la Directiva Habitat, como en el ámbito nacional con la Ley 1/2025, del 1 de abril, enfocada en la prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos.

Las modificaciones legislativas permiten una gestión más flexible del lobo por parte de los Estados miembros, al incluir todas las poblaciones de lobo en el anexo V de la Directiva Habitat. Esto proporciona a las autoridades la capacidad de implementar medidas de gestión, según informaron fuentes de la Junta a través de un comunicado oficial.

Además, la reciente Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario ha llevado a la exclusión de las poblaciones de lobo al norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Esto implica que, tras la modificación de la Directiva y la inclusión de todas las poblaciones de lobo en el anexo V, también las del sur del río Duero quedarán excluidas automáticamente.

Por tanto, tras la enmienda de la Directiva Habitat, todas las poblaciones de lobo en la comunidad, tanto al norte como al sur del río Duero, están ahora catalogadas en el anexo V, lo que abre la puerta a la implementación de medidas específicas para su gestión.

No obstante, según una sentencia del Tribunal de Justicia emitida el 29 de julio de 2024, independientemente de su categorización en la Directiva, la caza del lobo no se permite si su evaluación de estado de conservación se considera "desfavorable".

En relación a este tema, la Junta ha señalado que el Gobierno de España ha incumplido su obligación de enviar el informe sexenal correspondiente al periodo 2019-2024 a la Comisión Europea, alegando la necesidad de evaluar el impacto de los incendios sobre las poblaciones de lobo. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico argumenta que este pretexto no justifica el retraso, dado que el informe abarca los años 2019 a 2024, excluyendo el año 2025 de dicha evaluación.

La Junta, además, ha subrayado que el informe aprobado el 14 de julio por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad concluye que el estado de conservación del lobo es favorable en las regiones atlántica y mediterránea.

Por ello, tanto la Administración regional como las OPAs han instado al Ministerio a cumplir con las obligaciones establecidas por la Directiva Habitat y la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.

Asimismo, durante la reunión, la Junta se comprometió a revisar y actualizar en las próximas semanas los criterios de compensación por daños causados por lobos, ajustándolos a los precios de mercado actuales. Se prevén nuevas reuniones de trabajo para avanzar en la mejora y definición de estos criterios, reafirmando así el compromiso de la Junta de Castilla y León con el sector ganadero.