• martes 7 de febrero del 2023

La Audiencia de Valladolid remite a un Penal la causa por la presunta estafa de gasóleo y piensos

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VALLADOLID, 2 Nov.

El juicio por la presunta estafa del gasóleo y piensos que se prosigue contra tres personas que en 2017 hicieron pedidos a diferentes compañías suministradoras por importe global de prácticamente 12.000 euros, que dejaron sin abonar, se festejará por último en un juzgado de lo penal de la ciudad más importante pucelana, según detallaron a Europa Press fuentes jurídicas.

De esta forma lo ha acordado este miércoles 'in voce' la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, donde se encontraba sosprechado comenzar el día de hoy la primera de las sesiones, tras declarar su "incompetencia procesal" para comprender de unos hechos que las defensas de los imputados--entre ellas estaba el mediático letrado madrileño Marcos García Montes--como aun el fiscal del caso han comprendido por último que eran rivalidad de un juzgado de lo penal.

Y sucede que en el trámite de cuestiones anteriores, el letrado de Emilio Y también.A. ha planteado a la salón la necesidad de suspender el juicio y remitir las actuaciones a un juzgado de lo penal tras avisar de que a su defendido se le había aplicado de manera equivocada la agravación de 'multirreincidencia' en el delito de estafa, puesto que las condenas con que cuenta son siguientes a los hechos objeto de la presente causa.

Específicamente, el letrado ha recordado que los hechos que se pretendían enjuiciar tienen un marco temporal que se ubica entre el 31 de enero y el 2 de marzo de 2021, al paso que ámbas condenas por estafa con que cuenta Emilio Y también.A. son siguientes, de fecha 19 de septiembre y 21 de noviembre de ese año, con lo que no se le puede utilizar la 'multirreincidencia'.

De esta forma, al no poderse utilizar tan agravación, que en abstracto podría subir la pena hasta los seis años y consecuentemente abriría la rivalidad a la Audiencia de Valladolid, el defensor y resto de letrados, con la aquiescencia del fiscal, ha invocado la incompetencia de la salón y la remisión de la causa a un juzgado de lo penal para la celebración del oportuno juicio, como de esta forma ha estimado por último el tribunal.

Los hechos se limitan por año 2017, en el momento en que los tres ocupantes del banquillo, con la intención de conseguir un ilícito beneficio económico, se concertaron presuntamente y contrataron por teléfono con compañías distribuidoras de gasóleo y piensos y también hicieron pedidos de mercancía que no pensaban abonar de ninguna forma, en conjunto 18.172 litros del mencionado combustiblle y 2.820 kilogramos de comida para caballos y perros.

Para esto, siempre y en todo momento según la proposición del fiscal, usaron el nombre y apellidos y número de cuenta de un individuo a la que conocían. Emilio, quien cuenta en su haber con antecedentes por estafa, y Álvaro se ocupaban de recepcionar las mercancías pedidas y el Leandro era quien señalaba a los precedentes aquellas compañías a las que se podían llevar a cabo los pedidos y asimismo se quedaba con una parte del material recibido.

El gasóleo se descargaba en un tanque ubicado dentro de una nave en el Polígono Industrial Santa Ana, en Calvarrasa de Abajo (Salamanca), y en un anexo al local de la travesía de exactamente la misma ciudad regentado por Leandro, tal como en contenedores de otra nave en la Cañada Real Merinera en Valdestillas (Valladolid), ámbito este último donde asimismo se recepcionó una parte del pienso solicitado, al tiempo que otra sección lo retiró Álvaro en persona de la sede de la mercantil en teoría engañada.

El transporte posterior del gasóleo y los piensos, siempre y en todo momento según la proposición del fiscal, se efectuaban por Álvaro y Emilio desde la nave de Valdestillas o desde unas naves de Pinar de Jalón hasta el local sito en Calvarrasa propiedad de Leandro.

Los cargos bancarios fueron devueltos anterior orden del titular de la cuenta y datos usados por los imputados, por eso no haya efectuado reclamación alguna, más allá de que las entidades distribuidoras no vieron abonados ninguno de los pedidos completados, por eso elaboren la oportuna reclamación.

Con carácter provisional, el fiscal pide la mayor de las penas, 4 años de prisión y multa de 3.000 euros, para Emilio Y también.A, y un par de años y medio y un par de años y nueve meses, respectivamente, para Álvaro L.C. y Leandro M.C, adjuntado con exactamente las mismas multas que la pedida al primero.

En término de compromiso civil, los tres, de ser condenados, deberían abonar indemnizaciones por importe global de prácticamente 12.000 euros a favor de las entidades perjudicadas.

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