Un nuevo movimiento en defensa de la educación inclusiva ha surgido en Castilla y León, donde el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha decidido dar un paso al frente. Este miércoles, Fernández anunció su intención de presentar una serie de iniciativas que buscan obligar a la Junta a cumplir con las regulaciones existentes sobre la incorporación de asistentes técnicos educativos (ATE) en aquellos centros que verdaderamente lo necesiten. Esta declaración surge tras la conmovedora historia de Noa, una niña con necesidades especiales que asiste al colegio público Tierno Galván en Valladolid, quien ha visto denegada la asistencia que su caso requiere, a pesar del respaldo del Procurador del Común.

La madre de la pequeña, Laura Jódar, ha hecho un llamado a la atención pública al relatar que Noa comenzó su segundo curso de Primaria sin el apoyo de un ATE, a pesar de que su informe psicopedagógico indica su necesidad. Jódar ha expresado su preocupación, enfatizando que Noa está recibiendo ayuda de sus maestras y especialistas, quienes están asumiendo funciones que no les corresponden. “Está teniendo una suerte increíble, pero eso no es suficiente, especialmente en situaciones delicadas como cuando no puede controlar su esfínter”, explicó.

La madre ha insistido en que no se puede depender de la "buena voluntad" de los educadores y ha exigido que se aplique la legislación vigente. Jódar ha advertido que la situación podría complicarse si el equipo docente cambia el año próximo. “Noa tiene derecho a ser tratada como cualquier otro niño. No buscamos favoritismos, queremos que se respete la ley”, declaró. Además, criticó la propuesta de la Consejería de Educación, que sugirió un cambio de colegio para garantizar el apoyo que Noa necesita, un planteamiento que definió como "atroz".

“Mi hija no debe cambiar de escuela. Tiene el derecho a estudiar en un centro ordinario, cerca de su hogar, y recibir los apoyos que requiera”, afirmó con firmeza. Jódar también ha resaltado una incongruencia en la narrativa del gobierno regional, que se proclama inclusivo mientras muchas familias se enfrentan a la misma problemática. Para visibilizar la situación, ha iniciado una recogida de firmas destinada a solicitar a la Junta que asegure la presencia de todos los especialistas necesarios en las escuelas, demandando que “los recursos se dirijan donde se encuentran los niños, no en sentido contrario”.

Desde su posición, Pablo Fernández ha respaldado estas denuncias, subrayando que el gobierno autonómico está violando tanto la ley como una resolución del Procurador del Común que requiere la asignación de un ATE a Noa. “El PP está pisoteando derechos fundamentales al privar a estas familias de una educación inclusiva”, ha aseverado.

Para finalizar, Fernández ha anticipado que llevará este asunto ante la consejera de Educación, Rocío Lucas, en el marco del Pleno de las Cortes. Asimismo, ha reiterado el compromiso de su grupo con la familia de Noa y otras “centenares de familias desamparadas” que se encuentran en situaciones similares. “Es inaceptable que mientras el PP presume de presupuestos récord, no destine los recursos adecuados para garantizar que los niños con discapacidad puedan ejercer su derecho a una educación digna”, concluyó con determinación.