La fiscal del caso mantiene las peticiones de pena para el resto y la acusación popular aplica una notable rebaja en las condenas VALLADOLID, 29 Abr.

La Fiscalía de Valladolid y el Partido Socialista de Castilla y León, en calidad de acusación popular, han optado por retirar los cargos contra Alberto Esgueva, exconsejero delegado de EXCAL y exdirector del Área de Internacionalización de ADE Parques. Esgueva se encontraba entre las doce personas enjuiciadas en el caso conocido como 'La Perla Negra' que involucraba a altos cargos de la Junta y empresarios.

En la jornada dieciocho del juicio que se lleva a cabo en la Audiencia de Valladolid desde el 26 de febrero, la Fiscalía, la Junta y el PSCyL han anunciado modificaciones en sus escritos de acusación. Entre los cambios más significativos se encuentra la exclusión de cargos contra Alberto Esgueva y la considerable rebaja en las penas solicitadas por el abogado que representa a los socialistas para los demás acusados.

De esta manera, Alberto Esgueva ha sido exonerado de todos los cargos a solicitud de las acusaciones pública y popular, que inicialmente pedían penas de entre seis y 22,5 años de prisión para él. Esto se debe a que, según las pruebas recolectadas, su participación en las presuntas irregularidades del caso no ha sido comprobada, ya sea en la operación de alquiler y compra del edificio 'La Perla Negra' en Arroyo de la Encomienda o en la adquisición de parcelas para un polígono industrial en Portillo.

La fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ana Valle, afirma que en el caso de 'La Perla Negra' el estudio de arquitectos Lamela habría tenido acceso a información privilegiada antes de la publicación del concurso. También se menciona un contrato de alquiler firmado sin la aprobación correspondiente del Consejo de Administración de la sociedad pública.

En cuanto al desarrollo de un polígono en Portillo, se sostiene que hubo contactos previos por parte de encausados con socios y administradores de empresas interesadas en el área industrial. La fiscal alega que la empresa pública no adquirió los terrenos directamente a los propietarios, sino a través de sociedades intermediarias.

Con la excepción de Alberto Esgueva, la Fiscalía mantiene sus peticiones de condena para los once acusados restantes. Entre ellos, se solicitan once años de prisión para Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, así como otras medidas como la inhabilitación.

En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, se piden cuatro años de cárcel por malversación. Para varios empresarios también se solicitan penas por otros delitos relacionados con el caso.

El juicio continuará el 6 de mayo, cuando se presenten los informes finales de las acusaciones y las defensas antes de que se dicte sentencia en este complejo proceso judicial.