Crónica Castilla y León.

Crónica Castilla y León.

La jueza Lamela confirma que Urban estaba al tanto del proyecto de Arroyo antes del concurso.

La jueza Lamela confirma que Urban estaba al tanto del proyecto de Arroyo antes del concurso.

VALLADOLID, 11 Mar.

El que fuera gerente del estudio de Arquitectura Lamela y Asociados, Francisco López de Blas, ha confirmado que la empresa Urban Proyecta, la adjudicataria del Edificio de Usos Empresariales en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), más conocido como 'La Perla Negra', le encargó redactar el proyecto muchos meses antes de que saliera a concurso público.

La declaración del testigo, en la quinta jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid contra una docena de encausados, entre exaltos cargos de la Consejería de Economía de la Junta y empresarios, vendría a avalar la tesis de la fiscal del caso y de las acusaciones particular y popular de que responsables de Urban Proyecta contaron con información privilegiada respecto de los planes del departamento dirigido por el consejero Tomás Villanueva de reunificar en una única sede en Arroyo de la Encomienda toda una serie de servicios administrativos hasta entonces dispersos en distintos inmuebles.

El exgerente de Lamela, jubilado ya desde hace cinco años, ha asegurado que fue posiblemente en mayo de 2005 cuando el administrador de Urban Proyecta, Germán José Martín Giraldo, y el también integrante de dicha empresa Ángel Román Montes, ambos en el banquillo, se pusieron en contacto con el estudio de arquitectura a través de su web para encargarles la redacción de un proyecto sobre un edificio de oficinas "multi-inquilino", para lo cual realizaron distintos anteproyectos con varias ubicaciones, una en Villa del Prado y otras dos en Arroyo que no fueron elegidas finalmente.

"Pasamos una propuesta de honorarios y desglosamos las fases del trabajo. Tratamos al cien por cien con Martín Giraldo y Román Montes, quienes decían que se oía, a partir de recortes de prensa, que ADE Valladolid tenía previsto unificar sedes y el tema podía salir a concurso. Todos los datos nos los daban ellos", ha declarado López de Blas, quien ha precisado que el contrato entre Lamela y Urban Proyecta se firmó el 1 de noviembre de 2005 pero ya el estudio de arquitectura había facturado una serie de honorarios por trabajos previos realizados cuatro o cinco meses antes.

El testigo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha matizado que el concurso firmado fue "de buena fe" ya que, como así le indicaron los responsables de Urban, el concurso tenía que ser convocado y, lo más importante, resultar adjudicatarios del mismo, algo que finalmente ocurrió porque su propuesta fue la única presentada al concurso publicado el 26 de diciembre de 2005 en el Bocyl y cuyas condiciones, como así ha indicado el ya exgerente de Lamela, se las había pasado Ángel Román Montes.

De entre el resto de los testigos de esta quinta jornada destaca igualmente la declaración aportada por la gerente de Unifica Servicios Integrales, María Belén García, quien ha reconocido que dicha mercantil facturó a Gesturcal en los ejercicios de 2008 y 2009 trabajos por 4,4 millones de euros consistentes en la adecuación interior y compartimentación del edificio de 'La Perla', sin haber concurrido a concurso alguno.

Dicha empresa, casualmente la misma que remodeló en 'b' la sede del PP en la calle Génova, accedió a tales trabajos a través de contactos de Urban Proyecta y "personas de la Junta" que les adjudicaron la obra. "Nos dijeron que no se podía adjudicar a dedo y por eso nos preguntaron por otras empresas del sector, en especial de Castilla y León. Entiendo que pedirían más ofertas", ha indicado María Belén García, quien, sin embargo, ha reconocido sin ambajes que "concurso típico convocado por una administración no hubo".

La testigo ha citado los nombres del exviceconsejero de Economía Rafael Delgado; Francisco Armero, entonces director financiero de ADE Parques y Gesturcal, ambos en el banquillo, y Tomás Machota, excoordinador de Servicios de la Secretaría General de dicha consejería, por ser las personas con las que, en una u otra medida, intervinieron en la ejecución de los trabajos de adecuación interior en 'La Perla'.

Aunque respecto del primero ha vuelto a mantener que no le conoce ni trató con él, sí ha precisado que era quien firmaba los pagos, mientras que de los otros dos ha mantenido que fue las personas con las que trató personalmente.

En un momento dado de su declaración ha llegado también a recordar que un día ella y otros compañeros de Unifica tuvieron que salir del inmueble con motivo de la visita realizada por el entonces consejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva, y otras personalidades. "Nos tuvimos que ir a la calle y pasamos mucho frío. Se me quedó el nombre de Tomás Villanueva", ha manifestado la testigo.

El juicio prosigue mañana con nuevas testificales, entre ellas la que prestará la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo, mientras que para el jueves se espera el testimonio del que durante la época investigada era presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

El proceso judicial investiga la compra de 'La Perla' y el fallido polígono industrial de Portillo, operaciones que, según las acusaciones, fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo) a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal SA y a partir del año 2008 ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, como acusación particular, para ocho de los encausados.