VALLADOLID, 21 Nov. - La Junta de Castilla y León ha dado un paso importante en su gestión financiera al aprobar la formalización de una deuda a largo plazo por un total de 47.762.919 euros para el ejercicio 2024. Este movimiento se produce en un contexto donde la deuda de la comunidad autónoma representa el 18,8% de su Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje que se encuentra por debajo de la media nacional autonómica, que alcanza el 21,9%. Esta situación es un claro indicador de la prudencia fiscal que ha caracterizado a esta región, ya que además el 70,8% de su deuda está a tipo de interés fijo.

La información fue proporcionada por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ofreció una rueda de prensa junto a la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García. Fernández Carriedo ha explicado que la cantidad autorizada responde a la necesidad de cumplir con las normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aplicándose a los ejercicios 2023 y 2024, así como a los reembolsos anticipados no previstos que han realizado diversos entes del sector público autonómico.

Es fundamental destacar que esta actualización del límite de operaciones de endeudamiento a largo plazo se alinea con los objetivos de deuda establecidos para la Comunidad y ha contado con la aprobación previa del Consejo de Ministros, lo que subraya la seriedad con la que la Junta aborda la gestión de sus finanzas públicas.

Además, el nivel de endeudamiento de Castilla y León es considerado "limitado" en comparación con el resto de las comunidades autónomas de España. Con una ratio de deuda sobre el PIB del 18,8%, la comunidad se sitúa 3,1 puntos porcentuales por debajo de la media, que, según los últimos datos del Banco de España correspondientes al segundo trimestre de 2024, se establece en el 21,9%. Este escenario favorable resalta la capacidad de la administración regional para mantener un control efectivo sobre su deuda.

Este enfoque conservador en la gestión de la deuda ha sido reconocido por la agencia calificadora Moody's, que en marzo pasado decidió mejorar el perfil financiero de Castilla y León, elevando su calificación de Baa1 a una perspectiva positiva. Esto refleja la solidez fiscal de la comunidad, que se mantiene al mismo nivel de calificación que el propio Estado español, un logro que no debe pasarse por alto.

Finalmente, es relevante mencionar que la mayor parte de la deuda de Castilla y León está asegurada a tipo de interés fijo, lo que representa aproximadamente el 70,8%. Solo un 29,2% de la deuda está vinculada a interés variable, lo que constituye una estrategia eficaz para mitigar el impacto de los posibles aumentos en el Euribor, garantizando así una mayor estabilidad financiera para la comunidad en el futuro.