VALLADOLID, 30 de diciembre.
La Junta de Castilla y León ha dado un paso significativo al aprobar la conversión de 837 puestos de personal laboral del área de prevención y extinción de incendios a contratos fijos, lo que permitirá que estos empleados trabajen durante todo el año en lugar de solo en temporadas específicas.
Este acuerdo, según lo expuesto por el consejero y portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, responde a un compromiso adquirido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y ha sido propuesto por la Consejería de la Presidencia.
La transformación implica la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, buscando adaptar las necesidades del operativo de incendios a las características del territorio y garantizar la operatividad continua a lo largo de los doce meses del año.
La transición de los 837 puestos de personal laboral fijo-discontinuo a contratos fijos también busca aumentar la estabilidad del empleo público, facilitar la planificación de las diverso campañas y promover la profesionalización del sistema de gestión de incendios forestales en la región.
Todos los empleados públicos afectados comenzarán a desempeñar su labor de forma efectiva a partir del 1 de enero de 2026, ya que la decisión se tomó en la última reunión del Consejo de Gobierno correspondiente al año 2025.
Fernández Carriedo aclaró que el acuerdo fue aprobado sin oposición de las organizaciones sindicales involucradas.
Las categorías que se beneficiarán incluyen 217 plazas para Oficial de Montes-Conductor Maquinista de Autobomba, 217 para Peón de Montes y Extinción y 403 para Vigilante de Incendios.
La distribución de estos puestos se realizará en varias provincias, con 132 en Soria, 114 en León, 113 en Burgos, 110 en Zamora, 86 en Salamanca, 82 en Ávila, 80 en Segovia, 66 en Palencia y 54 en Valladolid.
Cabe destacar que los Oficiales de Centro de Mando ya tenían contratos fijos durante todo el año, por lo que no se ven afectados por esta nueva medida. No obstante, se contempla la creación de 28 nuevas plazas de este tipo (tres en cada provincia y una adicional a nivel autonómico) para mejorar la coordinación y respuesta del operativo de incendios.
Con esta reforma, se espera que los trabajadores no solo se ocupen de la extinción de incendios, sino que también realicen funciones proactivas como el mantenimiento de infraestructuras, la vigilancia forestal y la restauración del entorno después de los incendios, entre otras tareas cruciales para mitigar el riesgo de grandes incendios.
La constante disponibilidad del operativo es vista por la Junta como un refuerzo a la capacidad de anticipación y como un medio para garantizar una respuesta profesional, rápida y adaptable ante situaciones de riesgo para la población.
Esta modificación, que afecta principalmente a todos los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la comunidad, tendrá un coste total de 14,1 millones de euros, según las retribuciones actuales y aplicando la subida salarial estipulada en el Decreto-Ley 3/2025, del 18 de diciembre.
En su comunicado, la Junta subraya la importancia de esta inversión y el impacto que tendrá en la prestación de servicios durante todo el año, lo que implica un incremento del personal superior al 130 por ciento, sumando más de 1.050 efectivos adicionales.
Con estas decisiones, la Junta de Castilla y León se propone consolidar un operativo que se muestra "profesional, estable y operativo todo el año", centrado en la prevención, la protección del medio ambiente, la extinción de incendios y la seguridad de la ciudadanía.
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