El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, hace un llamado a la calma y destaca que las medidas implementadas para mitigar los olores procedentes de ciertas instalaciones en la zona sur de Valladolid están comenzando a ofrecer resultados positivos.

En una reciente entrevista con Europa Press, Suárez-Quiñones reveló que la Junta está desarrollando una normativa “muy novedosa” que se dará a conocer en su debido momento y que busca proteger a los ciudadanos de los desagradables olores causados por determinadas instalaciones dentro de la comunidad autónoma.

El consejero enfatizó que los malos olores son, sin duda, uno de los problemas que más inquietan a los ciudadanos. Sin embargo, precisó que, aunque no es sencillo medir esta cuestión, la tecnología avanza y permite nuevos métodos para controlar y objetivar el impacto del olor en la población.

Suárez-Quiñones se refirió al descontento social que actualmente experimentan los habitantes de ciudades como Valladolid, donde los olores provenientes de ciertas fábricas han motivado a los vecinos del sur de la capital del Pisuerga a expresar su preocupación ante la situación. Alguna de las comunidades ha manifestado su intención de movilizarse nuevamente para exigir una solución efectiva a este problema.

En relación a la fábrica de Findus ubicada en el polígono de Argales, el consejero informó que se han llevado a cabo medidas correctivas significativas. Aseveró que se revisó de forma exhaustiva la autorización ambiental de la instalación y se han establecido nuevas directrices que buscan minimizar las molestias ocasionadas por los olores, observando ya una notable disminución en las incomodidades que padecen los vecinos.

Además, recalcó que existe un canal de comunicación directo entre la empresa y las asociaciones de vecinos de la zona, así como con la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid, lo que facilitará evitar que los residentes continúen soportando estas molestias.

Ante todo este contexto, Suárez-Quiñones transmitió un mensaje de “tranquilidad” a la población, instando a los ciudadanos a confiar en el trabajo que realizan las administraciones públicas mediante procedimientos que son “totalmente transparentes” y accesibles de manera digital.

Sobre las polémicas surgidas en torno a las llamadas “macrogranjas”, que han originado movilizaciones en varios puntos de la comunidad, como la ocurrida a principios de diciembre en Páramo de Corcos (Burgos), el consejero reiteró la necesidad de confiar en las administraciones públicas, que están dispuestas a resguardar los bienes e intereses de la ciudadanía.

“Nuestro objetivo no es perjudicar a los ciudadanos, sino prevenir cualquier tipo de daño hacia ellos”, enfatizó Suárez-Quiñones. También destacó que para asegurar esta protección, cuentan con un conjunto de normas, así como con la colaboración de técnicos, biólogos e ingenieros que participan en todos los procedimientos de revisión ambiental de estas instalaciones.

Suárez-Quiñones defendió que antes de conceder cualquier autorización ambiental o una declaración de impacto ambiental favorable para una planta, ya sea de ganadería o biogás, esta debe cumplir con requisitos exigentes establecidos por normativas europeas, nacionales y autonómicas.

El consejero subrayó que dicha normativa tiene un doble objetivo: proteger a la población y garantizar la actividad económica. “Es crucial que existan empleo, ganado y producción de energía y gas”, aseguró.

Suárez-Quiñones dejó en claro que todo esto debe llevarse a cabo dentro de un marco de garantías, cumpliendo a cabalidad con las normativas jurídicas y los informes elaborados por personal público que es “absolutamente fiable e independiente de la Junta”.

Con un toque de ironía, el consejero señaló que las autorizaciones no se otorgan de manera arbitraria. “No recuerdo haber firmado nunca una orden dando un ‘okey’ a una planta que no tenga todos los informes técnicos favorables y que no respete las normas”, concluyó, reafirmando la consistencia del procedimiento administrativo que rige este tipo de autorizaciones.