VALLADOLID, 27 de marzo. Este jueves, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a una serie de compromisos anunciados por el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el Debate de Política General del miércoles. Estas medidas buscan fortalecer la educación y el bienestar social en la comunidad.

De acuerdo con lo informado por Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, se ha autorizado una transferencia de más de seis millones de euros destinada a las universidades públicas. Este monto complementará los 10,8 millones previamente anunciados por la Consejería de Educación para la creación de nuevos grados académicos, garantizando así que las instituciones educativas puedan contar con los fondos necesarios para este año.

Las instituciones de educación superior podrán implementar las inversiones que se enmarcan dentro del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León, un plan que abarca el periodo 2021-2025, con el objetivo de mejorar y adecuar las infraestructuras universitarias, esenciales para el desarrollo académico.

Además, la Junta ha tomado la decisión de solicitar al Gobierno de España la declaración de las provincias de Ávila, Segovia, Soria y Valladolid como zonas gravemente afectadas por una emergencia de Protección Civil. Esta acción responde a los efectos de las recientes borrascas entre el 7 y el 25 de marzo, tal como anticipó el presidente Mañueco en su discurso durante el Debate de Política General.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo que la borrasca Martinho tuvo un impacto significativo en estas provincias, activándose incluso el nivel 2 del plan de protección civil para prevenir inundaciones, ante los daños causados en infraestructuras públicas y privadas.

Asimismo, se ha aprobado un proyecto de ley destinado a la coordinación de los servicios de Bomberos en las entidades locales de Castilla y León. Esta legislación tiene como objetivo garantizar un servicio coherente y eficiente que cumpla con los estándares establecidos a nivel nacional y europeo, una iniciativa que también fue presentada por Fernández Mañueco durante el debate mencionado.

La nueva ley, que ha atravesado un proceso de consulta complejo, cuenta con más de 50 artículos que regulan la materia, según indicó Suárez-Quiñones, quien subrayó el esfuerzo realizado para alcanzar un texto que satisfaga a todas las partes involucradas.

Por otro lado, el Gobierno autonómico ha autorizado la adjudicación de la construcción de una nueva residencia de mayores en Ávila, con un presupuesto que supera los 27 millones de euros. Este proyecto se enmarca en la voluntad del Gobierno de mejorar la atención a las personas dependientes de la ciudad, aumentando la disponibilidad de plazas y el personal en comparación con el actual centro de atención.

La nueva residencia se edificará sobre un terreno de más de 14.500 metros cuadrados y constará de dos edificios, uno de los cuales será el principal y contará con cuatro plantas dedicadas a alojamiento y atención especializada.