Las tensiones políticas en Castilla y León han alcanzado un nuevo nivel tras la solicitud de Vox y PSOE de que se emita un informe por parte del Consejo Consultivo respecto al presupuesto de la Comunidad para 2026, el cual fue presentado sin la aprobación previa del techo de gasto. Esta situación se produce en un contexto en el que la letrada mayor de las Cortes, Laura Seseña, se ha encargado de evaluar si este proyecto debe ser admitido a debate, dado que la votación sobre el mencionado techo de gasto se dará el próximo miércoles 22 de octubre.
Uno de los punto más controvertidos radica en la falta de una partida específica para la Sección 20 de las Cortes de Castilla y León. Esta sección, que debería haber sido elaborada por el Parlamento antes de ser presentada por la Junta, ha sido un foco de críticas por parte de los grupos de oposición, quienes insisten en que este proceso no se ha realizado de manera adecuada.
En la reunión de la Mesa de las Cortes previa, el presupuesto correspondiente a la Sección 20 fue rechazado. La oposición se hizo eco de esta irregularidad, destacando el reglamento que estipula que la responsabilidad de elaborar dicho presupuesto recae en la Mesa, un punto subrayado por Ángel Ceña.
Ante esta situación, Vox y PSOE han decidido llevar la cuestión al Consejo Consultivo, buscando claridad sobre la legalidad y oportunidad del proyecto de presupuestos, dado que el reglamento estipula que la sección en cuestión debe ser elaborada antes por el Parlamento, lo cual claramente no ha sucedido.
La controversia ha llevado a calificar estos presupuestos como un "tocomocho", según David Hierro, mientras que Patricia Gómez Urbán, portavoz del PSOE, los ha descrito como "el timo de la estampita" y "un trampantojo", expresando su indignación por la situación. Gómez Urbán ha instado a los responsables del Gobierno de la Junta a que se tomen un tiempo y reflexionen sobre la dirección en la que están llevando a la Comunidad.
La situación se complica aún más por la falta de apoyo interno, ya que la abstención de representantes del PP en la Mesa de las Cortes ha suscitado críticas. Ricardo Gavilanes, portavoz del PP, ha expresado su frustración por la abstención de Vox, señalando que, en su opinión, deberían haber presentado el presupuesto antes y no el día anterior a la votación.
Gómez Urbán ha reafirmado la posición del PSOE de mantener una postura firme y exigir respeto hacia Castilla y León, advirtiendo que no tolerarán más abusos por parte de la Junta. La situación ha sido tal que, según Hierro, la incapacidad de la Junta para presentar un presupuesto claro plantea serias dudas sobre su gestión.
La precariedad del presupuesto se agrava al no contar con un proyecto de ley de acompañamiento que especifique las medidas fiscales y deducciones anunciadas por el presidente Alfonso Fernández Mañueco la semana pasada. Ceña ha calificado esta falta de "bastante irregular", sugiriendo que podría formar parte de una estrategia política por parte del PP para usar el presupuesto como un argumento electoral en el futuro.
Con el desenlace aún incierto, Francisco Igea ha planteado que existe una amplia gama de posibilidades sobre el futuro del proyecto de presupuestos, dejando en el aire si será finalmente enviado al Consultivo, admitido a trámite o si habrá otra ronda de negociaciones en las próximas semanas.
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