Los partidos PP y Vox han defendido la presunción de inocencia de Marcos Herrero, el letrado mayor de las Cortes de Castilla y León, quien se encuentra bajo una investigación judicial debido a un presunto delito de acoso laboral hacia una funcionaria. Esta declaración se produce en el contexto de la controversia que rodea al político, mientras que Tudanca y Fernández, de la oposición, han reiterado su petición para que se suspenda temporalmente a Herrero hasta que se aclare su situación.

La Mesa de las Cortes ha oficializado la solicitud de un informe a la Junta de Personal acerca del estado de Herrero. Esta confirmación fue proporcionada por el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, en una reciente conferencia de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la cual establece el orden del día para la próxima sesión plenaria. El procurador Ángel Ceña, de Soria, describió la reunión como "convulsa" y un tanto singular, ya que se centró en gran medida en el caso del letrado mayor.

Francisco Igea, procurador por Valladolid, solicitó el informe de la Junta de Personal y subrayó que, independientemente del contenido del documento, la decisión de si se suspende temporalmente a Herrero recae en manos del presidente de las Cortes, Carlos Pollán. Mientras tanto, Ceña ha pedido un análisis jurídico adicional para determinar el marco legal que rodea la situación de Herrero, dejando entrever su neutralidad en la opinión respecto a la suspensión temporal propuesta por los partidos de la oposición.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, así como los procuradores del Grupo Mixto, enfatizaron que no prejuzgan la culpabilidad ni la inocencia de Herrero, sugiriendo que su suspensión temporal podría ser lo más beneficioso para su situación actual. Tudanca, sin embargo, expresó su descontento con la "pinza" entre PP y Vox, reiterando que la decisión final corresponde a Pollán.

Desde el lado de Vox, su portavoz Juan García-Gallardo se mostró contrario a participar en "juicios paralelos", abogando por la primacía de la presunción de inocencia y el respeto a las garantías procesales tanto del denunciante como de la denunciante. "Esperamos que el proceso siga su curso normal, y que sea el juez quien tome las decisiones pertinentes", concluyó García-Gallardo.

Gavilanes, del PP, también se alineó con el principio de presunción de inocencia, recordando que el letrado no pudo declarar en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid debido a que la acusación solicitó una ampliación de la denuncia. Respecto a la suspensión temporal, Gavilanes aclaró que, en este momento, no está claro si tal medida sería viable y reiteró la importancia de esperar el informe solicitado a la Junta de Personal.

Por su parte, Pablo Fernández explicó que la oposición busca la suspensión temporal de Herrero en base al Estatuto de Personal de las Cortes, proponiendo que este quede tanto cautelar como provisionalmente apartado de sus funciones mientras el asunto esté bajo investigación. Fernández acusó a los líderes del PP y Vox de anteponer los intereses políticos y las ideologías por encima del decoro y las normativas legales, anticipando que el presidente de las Cortes podría ser el que finalmente "pague el pato" en esta situación, en potenciales repercusiones legales que vinculen a las propias Cortes de Castilla y León.

Igea, en una nota final, admitió que la oposición no logró hoy obtener la suspensión temporal de Herrero, debido a que el Estatuto requiere un informe de la Junta de Personal que, aunque indicativo, no es vinculante. La responsabilidad de la decisión sobre el futuro de Herrero recae, en última instancia, en Carlos Pollán, quien no puede justificarse en la falta de este informe para evitar actuar en consecuencia.