Bruselas ha generado controversia este 3 de diciembre al anunciar que la Unión Europea ha conseguido que se reduzca el estatus de protección internacional del lobo. Este cambio se ha materializado luego de que el Comité Permanente del Convenio de Berna ratificara la propuesta de la UE para facilitar la gestión de esta especie, lo que ha suscitado preocupación entre los defensores de la vida silvestre.
La reciente modificación en la normativa implica un descenso en la categoría de protección del lobo, pasando de "protección estricta" a una mera "protección" dentro del contexto del Convenio de Berna. Este convenio, que data de 1979, cuenta con la firma de 50 países, incluidos los 27 Estados miembros de la UE. Un cambio de tal magnitud se erige como un precedente en la gestión de la fauna europea.
Este nuevo estatus comenzará a estar vigente a partir del 7 de marzo de 2025. A partir de esta fecha, la Comisión Europea tendrá la autoridad para reexaminar las normativas comunitarias relativas a la directiva de hábitats, que tienen un impacto directo en la forma en la que se gestionan las poblaciones de lobos. Sin embargo, la Comisión ya ha informado que no lanzará su propuesta de enmienda a dicha directiva hasta después de la fecha mencionada, tal como lo reveló Anna-Kaisa Itkonen, portavoz de Medio Ambiente de la Comisión, en una reciente rueda de prensa.
Con esta modificación, se espera que los Estados miembros adquieran mayor autonomía para gestionar las poblaciones locales de lobos, aunque este carnívoro seguirá siendo considerado una especie protegida. Las medidas que implementen los países deberán contribuir a garantizar un estado de conservación favorable para la especie, de acuerdo con las directrices europeas.
El Ejecutivo comunitario ha enfatizado la necesidad de invertir en acciones adecuadas para prevenir daños, resaltando que tales inversiones son "esenciales" para mitigar los ataques al ganado. A su vez, Bruselas se ha comprometido a seguir brindando apoyo a los Estados miembros, tanto a través de financiación como de otras formas de asistencia en la implementación de medidas preventivas.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha subrayado la necesidad de encontrar un equilibrio entre la conservación de la vida silvestre y la protección de los medios de vida de los ciudadanos. En noviembre de 2022, ya había manifestado su interés en que los servicios comunitarios realizaran un "análisis exhaustivo" sobre el impacto de la recuperación del lobo en los ecosistemas agrícolas de la UE.
Curiosamente, esta declaración de la política alemana se produjo poco después de que, según informes posteriores, un lobo atacara y matara un poni de su propia propiedad. Este hecho ha suscitado críticas en torno a la postura de la Comisión, que ahora navega por un mar de dudas sobre su compromiso genuino con la protección de la fauna.
Por otro lado, la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, ha decidido emprender una investigación sobre el proceso de recolección de datos llevado a cabo por el Ejecutivo comunitario, que sirvió de base para solicitar la reducción del estatus de protección del lobo. Esta investigación fue iniciada tras una queja presentada por la ONG Client Earth, la cual argumentaba que la Comisión carecía de fundamentos científicos y sostenía que el proceso de consulta había sido problemático, además de señalar la falta de acceso a documentos relevantes y dudas sobre las motivaciones detrás de la decisión de degradar la protección de esta especie.
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