En Burgos, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el borrador de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, que será sometida esta tarde al consejo del SAMYT y luego será presentada para su aprobación inicial en el pleno extraordinario del próximo lunes 29 de abril. Esta ordenanza incluye una moratoria de dieciocho meses para la aplicación del régimen sancionador.

La portavoz del Equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ha destacado que el Partido Popular no ha cedido a las demandas de Vox, su socio de gobierno, en relación a esta ordenanza.

Según Ballesteros, Vox había solicitado que la zona de bajas emisiones se aplicara solo en la zona peatonal, pero los populares consideran que esto no cumpliría con la ley de cambio climático y emergencia climática, que exige la implementación de zonas de bajas emisiones en municipios con más de 50.000 habitantes.

"Nosotros sí creemos en las zonas de bajas emisiones", ha afirmado la concejala, quien ha enfatizado que se ha alcanzado un acuerdo mínimo para cumplir con la normativa y acceder a los fondos europeos.

El próximo lunes se presentará una breve exposición de motivos antes de la aprobación de la ordenanza, que consta de catorce artículos divididos en tres capítulos, además de un anexo que establece un plazo de dieciocho meses para la implementación del régimen sancionador una vez se ponga en marcha la señalización y los equipos técnicos necesarios.

Por el momento, se está trabajando en la ordenanza y se esperará a su aprobación para proceder con la licitación del contrato correspondiente.

Respecto a las críticas del PSOE, que calificó esta zona de bajas emisiones como "una zona de mínimos" y señaló que ponía en riesgo los fondos europeos, Ballesteros ha asegurado que no creen que los fondos estén en peligro siempre y cuando se cumpla con la ley.