El 14 de enero en Madrid, los representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han hecho eco de sus preocupaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En sus declaraciones, han calificado el nuevo sistema de financiación autonómica como un modelo "precocinado", vinculado directamente al líder de ERC, Oriol Junqueras. Esta situación ha llevado a algunos consejeros a considerar la posibilidad de recurrir a la Justicia si se intenta avanzar hacia una ley orgánica.

Los consejeros de Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Andalucía han expresado su desaprobación de manera unánime al llegar al consejo, donde se espera que la ministra Montero ofrezca detalles sobre el nuevo proyecto de financiación. Sin embargo, han dejado claro que no se votará nada en esta sesión, ya que esta reunión está destinada únicamente a informar a las comunidades.

A pesar de la falta de votación en el CPFF, los representantes del PP han llegado con la clara intención de manifestar su desacuerdo con las conversaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder independentista. Miguel Corgos, el consejero gallego, fue el primero en alzar la voz, afirmando que el modelo que se presenta ha sido preconcebido y no refleja la participación de todas las partes implicadas.

Además, Elena Manzano, consejera de Extremadura, se mostró escéptica sobre el impacto positivo que podría tener este nuevo modelo en su comunidad, sugiriendo que podría beneficiar más a Andalucía, ya que María Jesús Montero tiene intenciones electorales en esa región. Manzano enfatizó que, si el proyecto se convierte en una ley, las comunidades del PP no dudarán en utilizar todos los recursos legales a su disposición para oponerse.

Por su parte, la consejera de Madrid, Rocío Albert, también se mostró crítica, aludiendo a que su comunidad asistía a este consejo para escuchar el "modelo Junqueras", que ni siquiera es bien recibido por algunas comunidades socialistas. Desde Andalucía, su consejera arremetió contra lo que denominó "modelo Montero", señalando que su comunidad sigue sufriendo una insuficiencia de fondos y atacando a la ministra por negar el acceso a un fondo transitorio adecuado.

En la misma línea, Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, rechazó con firmeza la estrategia del Gobierno, que ha discutido el nuevo sistema de financiación sin consultar a las comunidades. Fernández Carriedo enfatizó la necesidad de que la recaudación tributaria sirva para los servicios de todos los españoles en lugar de enfocarse en las necesidades individuales de cada comunidad.

Por último, desde la Región de Murcia, el consejero Jose Luis Marín calificó la reunión como un "bodevil" y afirmó que la intención del Gobierno es escuchar lo que tiene que decir Junqueras. No obstante, proclamó que su administración viene con la "mano tendida", pero reiteró su fuerte rechazo a los pactos entre el Gobierno y ERC.