ÁVILA, 17 Mar.

La Guardia Civil ha investigado a tres personas como presuntas autoras de los delitos contra los derechos de los trabajadores, trata de humanos y también integración a conjunto criminal, tras dejar en libertad a cinco víctimas sometidas a la explotación laboral en 2 fincas forestales de Ávila.

La investigación empezó a inicios del mes de octubre, fecha coincidente con la temporada de concesión de autorizaciones para limpieza, poda y corta de encinas, en el momento en que la Guardia Civil acentuó sus servicios para revisar la legalidad de aprovechamientos madereros, tal como el control del personal usado para trabajar en ese género de aprovechamientos, informó el centro armado.

En uno de esos servicios, el 14 de noviembre, se efectuó una inspección precautoria para revisar la viable vida de víctimas de explotación laboral en una finca correspondiente al término municipal de Ávila, donde se identificó a ocho personas que estaban limpiando, cortando y podando encinas sin contrato laboral y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, aun sin autorización para trabajar en España.

De esas ocho personas, siete eran de nacionalidad peruana que no tenían contrato laboral y, una dominicana que sí se encontraba dada de alta en la Seguridad Social y por consiguiente tenía contrato laboral. Cinco de esos trabajadores estaban en situación irregular en el territorio nacional.

Ante la gravedad de los hechos y al no quedar clara la situación legal de los trabajadores, la Guardia Civil contactó con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ávila para agrandar la inspección realizada en presencia de uno de sus especialistas. Al día después, 15 de noviembre, en presencia de un subinspector de Empleo y Seguridad Social se amplió la inspección y se observó que trabajaban nuevamente tres personas identificadas el día previo.

Las compañías encargadas de hacer esos trabajos jamás habían comunicado el alta del régimen de la Seguridad Social de sus usados, todos carecían de contrato laboral y ciertos de permiso legal para lograr trabajar en España. Las compañías tampoco tenían proyectos de prevención de peligros laborales y la mayor parte del los trabajadores no estaban cualificados para efectuar ese género de trabajo, puesto que en su país de origen tenían otra profesión diferente.

A partir esos datos se inició la Operación Barronco para contrastar si las tres compañías implicadas habrían abusado de su situación de superioridad, o habrían dado trabajo a aquellas personas usando para esto el engaño.

Después de tres meses de indagaciones, el 8 de febrero se advirtieron mucho más irregularidades, pero esta vez en otra finca asimismo correspondiente al término municipal de Ávila, donde, tras efectuar otra inspección precautoria, se observó como otras siete personas, de las que seis ahora fueron identificadas en inspección precautoria de la primera finca, estaban cortando y podando encinas.

Tras ser identificadas nuevamente, se presentó en el sitio un técnico de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila y se comprobó que 4 de esas siete personas no tenían contrato laboral, trabajaban sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y tres de esas 4 continuaban en España en situación irregular.

La operación concluyó el 8 de marzo, en el momento en que se puso predisposición judicial en calidad de investigadas a un tres personas, que son el dueño de 2 de las compañías implicadas, el dueño de una tercera compañía subcontratada y que paralelamente es el administrador de las tres compañías investigadas, y un tercero subcontratado como autónomo y responsable de los trabajadores determinados en el mes de febrero.