Los incumplimientos de la Junta podrían provocar multas para España, según veterinarios.
El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) ha advertido de que el Reino de España podría ser multado por la Unión Europea, y que las ayudas de la PAC podrían verse afectadas debido a los "incumplimientos" de la Junta de Castilla y León en los programas sanitarios. Este colectivo ha alegado que la Resolución del 10 de mayo publicada el 15 de mayo fue "errática", y que no fue revisada por ningún técnico veterinario ni consultada con los directores de campaña de saneamiento ganadero.
Según SIVECAL-USCAL, la Resolución de la Consejería de Agricultura fue contestada con una "orden sin precedentes" del Ministerio de Agricultura, a instancias de Europa "para proteger sin demora la salud pública y animal de la UE". La orden resultó en la suspensión cautelar por el TSJCyL. Además, la resolución no pasó el trámite ni el control interno de la Asesoría Jurídica de la Junta ya que, de lo contrario, "sería incomprensible" que se hubiera publicado en el Bocyl.
El presidente de SIVECAL, Manuel Martínez, ha pedido la dimisión del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, de Vox, y del resto de su equipo "por incompetencia". Martínez ha reprochado a la Junta que haya dado "la callada por respuesta" a todas las advertencias que realizaron los veterinarios respecto a la "laxitud" y a las "irregularidades" del Gobierno autonómico en el cumplimiento de la normativa europea que se han "saltado a la torera" y "de manera unilateral".
Además, el presidente de SIVECAL-USCAL acusó a Agricultura de "imponer cualquier actuación contra la normativa vigente", lo que motivó un informe "demoledor" firmado por los directores de las campañas de saneamiento de las nueve provincias. Este informe se ha utilizado en el recurso contencioso-administrativo contra la resolución autonómica. En cuanto a las consecuencias económicas, Martínez ha cifrado en 3,8 millones de euros el "impacto económico" y "los daños impresionantes" que ha supuesto para el sector ganadero de Castilla y León la limitación del movimiento de ganado bovino.
Ante esta situación, SIVECAL-USCAL ha acordado "condenar enérgicamente cualquier acción violenta" por parte de los ganaderos, y han pedido a la Junta que defienda públicamente la actuación de sus empleados públicos y estudian su defensa jurídica de los funcionarios, junto a la denuncia a la Inspección General de Servicios "por las negligentes actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura".