La singular historia social que se avecina será oficialmente "una realidad" a partir de 2025, conforme a uno de los aspectos clave del Pacto Social por las Familias, el cual comprende un total de 56 medidas "transversales".

En un acto celebrado en Valladolid el 21 de enero, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a representantes de 45 entidades del Tercer Sector, firmó este importante pacto que tiene como objetivo primordial "blindar" la protección de los ciudadanos más vulnerables, garantizando así que "nadie se quede atrás" en esta comunidad autónoma.

El histórico acuerdo fue rubricado en el Monasterio del Prado de Valladolid, donde se reunieron los representantes de todas las organizaciones implicadas. Esta firma es un paso firme hacia el cumplimiento del compromiso que Mañueco había anunciado durante el Debate de Política General que tuvo lugar los días 26 y 27 de junio del año anterior, donde también mencionó la creación de un segundo pacto enfocado en la conciliación de la vida laboral y familiar.

El pacto abarca acciones que se extienden a cuatro consejerías distintas: Familia, Fomento, Empleo y Educación. La intención es clara: "mejorar la vida de las personas", tal como indicó el presidente. "Este Pacto es motivo de satisfacción, tanto a nivel individual como colectivo, ya que salvaguardamos la protección de las familias más vulnerables y también de las que pertenecen a la clase media en situaciones temporales de dificultad", resaltó Mañueco en su discurso.

Para Fernández Mañueco, las familias representan "el corazón de la sociedad" en Castilla y León y son vistas como el verdadero "motor" del futuro. Debido a esto, este acuerdo incluye iniciativas como un nuevo modelo de Renta Garantizada de Ciudadanía, diseñada especialmente para aquellas familias que tienen menores a su cargo y que esté vinculada a la búsqueda activa de empleo y a la escolarización de los niños.

Además, el presidente anunció que se garantizarán ayudas para el alquiler y se establecerá un criterio de progresividad, de manera que aquellas familias con menos recursos puedan recibir más apoyos, con un rango entre 0,5 y tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Estas medidas también tendrán un impacto en el ámbito educativo, donde se asegurará la gratuidad de los libros de texto para las familias más vulnerables, así como la cobertura de comedores escolares y programas de madrugadores. En el área laboral, se potenciarán los itinerarios de inserción para facilitar la búsqueda de empleo, promoviendo una mejor coordinación entre la administración autonómica y la Seguridad Social.