LEÓN, 12 de octubre. En un reciente pronunciamiento, el doctor Miguel de Simón, experto en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de León (ULE), ha puesto de manifiesto el riesgo latente de que se repita un apagón similar al ocurrido el 28 de abril. De Simón sostiene que este peligro permanecerá mientras las autoridades no implementen reformas estructurales en el sistema eléctrico. En este contexto, ha calificado de "prudentes" las iniciativas propuestas por Red Eléctrica de España (REE) para prevenir fallos, aunque reconoce que esto podría conllevar un incremento en las tarifas para los usuarios.

En declaraciones difundidas por Europa Press, el especialista ha respaldado las demandas de la REE dirigidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que se modifiquen “de forma urgente” varios procedimientos operativos de la red, dados los riesgos inminentes de un colapso en las tensiones eléctricas.

De Simón enfatiza que la implementación de estas estrategias requiere no solo tiempo, sino también una inversión significativa, destacando que son esenciales para evitar episodios de inestabilidad como el que se vivió la pasada primavera. Ha señalado que, en las últimas semanas, se han observado fluctuaciones significativas de tensión en la red de transporte, un fenómeno complicado de manejar en un sistema que se está transformando rápidamente hacia fuentes renovables.

Entre las iniciativas recomendadas por el experto se integra la restricción de la velocidad de respuesta de la generación solar y eólica, así como el refuerzo de las reservas de potencia y la mejora del control de tensiones. De Simón argumenta que estas decisiones son necesarias para prever y manejar futuros inconvenientes, aunque reconoció que podrían elevar los costos del sistema eléctrico.

El médico advirtió que estas medidas no serían "neutras" para los consumidores; de hecho, el aumento en la seguridad operativa podría implicar una mayor activación de fuentes térmicas, turbinas de gas y ciclos combinados. Esto, a su vez, implicaría un aumento en los gastos de ajuste, que previsiblemente se trasladarán a las tarifas finales de la electricidad.

Particularmente, los primeros en sentir el impacto serían aquellos usuarios bajo tarifas indexadas, como el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), mientras que las tarifas fijas experimentarían un efecto en un plazo posterior, coincidiendo con las renovaciones de los contratos.

De igual forma, el investigador ha indicado que algunas instalaciones de energía renovable podrían enfrentarse a limitaciones en su participación en ciertos mercados de ajuste, debido a las nuevas restricciones sobre las rampas de generación, lo que podría afectar temporalmente su rentabilidad.

Finalmente, De Simón ha subrayado que no se puede atribuir la totalidad de estos desafíos a las energías renovables. Detalló que la transición hacia un sistema eléctrico libre de emisiones de CO2 ha promovido un aumento en la generación a partir de fuentes renovables, especialmente solar y eólica, que alimentan la red mediante tecnología electrónica de potencia. Sin embargo, destacó que, aunque esta tecnología es capaz de gestionar varios aspectos de la generación eléctrica, aún no está completamente implementada ni regulada, y confía en que a medida que estas capacidades sean adoptadas y se integren en la normativa, los actuales desafíos se irán resolviendo.