Burgos, 18 de diciembre. En una controvertida operación, la Guardia Civil ha intervenido en el monasterio de Santa Clara en Orduña, Vizcaya, para trasladar a cinco monjas de avanzada edad, que forman parte de la comunidad Clarisa de Belorado, ubicada en Burgos. Las religiosas, cuyos años suman entre 88 y 101, se encontraban bajo la supervisión de un grupo que ha sido declarado como cismático.

Los efectivos de la Benemérita llevaron a cabo el traslado de las cinco monjas al Hospital de Basurto, en Bilbao, donde se les realizarán los correspondientes chequeos médicos antes de ser reubicadas en otro convento de la Federación de Clarisas. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, quien también actúa como Comisario Pontificio del monasterio de Belorado, ha asegurado que estas monjas representan a "la auténtica comunidad Clarisa", dado que no fueron excomulgadas como sí ocurrió con sus antiguas compañeras.

Laura García de Viedma, la exabadesa de Belorado, ha criticado abiertamente la actuación de la Guardia Civil, señalando que este despliegue se llevó a cabo "por orden de la jueza". García de Viedma ha lamentado no haber podido acompañar a las religiosas durante su traslado y ha denunciado el método empleado, afirmando que se las llevaron "por la fuerza, con extraños, medio desnudas y sin considerar su medicación", destacando que una de ellas fue trasladada "con fiebre".

La exabadesa también ha indicado que, mientras se producía esta intervención, las demás religiosas del monasterio fueron mantenidas "incomunicadas" por la Guardia Civil. "Hemos estado al cuidado de las hermanas mayores 24 horas al día, siete días a la semana, en turnos", ha defendido.

García de Viedma ha detallado que el operativo se realizó de manera "forzada" y con un despliegue de "entre 20 y 30 agentes". Ha manifestado su preocupación por lo que considera un intento de socavar su comunidad y silenciar su voz, destacando que se ven a sí mismas como "contrasistema" y defienden su "libertad de conciencia".

En defensa de la operación, el abogado Florentino Aláez ha señalado que esta intervención está respaldada por el juzgado de Bilbao, aunque García de Viedma ha responsabilizado a la jueza de Briviesca, acusándola de intentar "desmantelar" la comunidad y despojar de sus derechos a las monjas mayores.

Cabe destacar que los intentos previos de desalojo tuvieron lugar el 27 de noviembre y el 31 de julio, tras la sentencia de desalojo emitida por la misma jueza de Briviesca.