VALLADOLID, 26 de noviembre.

Un significativo número de manifestantes, cifrado en alrededor de 300 según informes de la policía, ha salido a las calles de Valladolid para expresar su oposición al decreto ley sobre la gestión de incendios que ha presentado la Junta de Castilla y León. Los protestantes consideran que esta normativa es una "farsa" que no aporta mejoras al sistema ni a las condiciones laborales de quienes lo ejecutan, y temen que responda más a intereses políticos de cara a las próximas elecciones autonómicas en marzo que a una necesidad real.

Numerosos sindicatos, entre ellos CSIF, CCOO, UGT y CGT, además de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (Apamcyl-USCAL), han organizado este acto en conjunto frente al Parlamento regional, donde se estaba votando sobre el mencionado decreto. La propuesta, a la que se opusieron prácticamente todos los partidos en bloque, no logró ser convalidada, quedando así desestimada.

Los participantes, entre los cuales se encontraban agentes medioambientales y bomberos forestales, hicieron ruido con petardos y bocinas durante la concentración. El ambiente de protesta se tornó solemne en un momento dado, cuando los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los incendios ocurridos durante el verano pasado.

Con carteles que exigían un servicio "100% público" y mensajes como "agentes medioambientales en lucha", los manifestantes también exhibieron figuras vestidas que representaban a altos cargos de la Junta, incluidas caretas del presidente Alfonso Fernández Mañueco y otros funcionarios, a quienes demandaron su dimisión.

Agustín Argulo, representante de CSIF Castilla y León, condenó el intento de engaño por parte de la Junta hacia la ciudadanía, enfatizando que el decreto es en realidad un "espejismo". Afirmó que aunque el gobierno argumenta que mejorará la situación del personal operativo, esta afirmación es, en sus palabras, totalmente falsa.

Argulo subrayó que los bomberos que trabajan en la línea del fuego no verán ninguna mejora con esta legislación. También añadió que el decreto no garantiza que el operativo sea completamente gestionado por empleados públicos, lo que podría abrir la puerta a intereses de empresas externas, que priorizan los beneficios económicos sobre la seguridad pública.

El representante sindical advirtió que no se prevé la incorporación de más efectivos al operativo, lo que si se repiten las circunstancias de este año, los problemas actuales de escasez de recursos y personal no se resolverán, ya que la cifra de 4.700 operativos seguirá intacta, a pesar de los compromisos del consejero.

El vicesecretario de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas, también criticó el decreto, considerándolo un mero "parche" que no producirá cambios significativos antes de las elecciones. Argumentó que la administración presenta una falsa ilusión de mejora cuando la realidad es que si se repiten las mismas condiciones climáticas en el futuro, la respuesta será idéntica a la del pasado verano.

Arenas propuso un enfoque integral y permanente para la gestión de emergencias, solicitando un operativo que sea exclusivamente público, profesional y debidamente capacitado durante todo el año. Se mostró esperanzado en que la Junta tome conciencia y realice las modificaciones necesarias para dignificar y profesionalizar las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

El coordinador de Comisiones Obreras, Juan Carlos Hernández, añadió que el actual planteamiento no trae consigo ninguna mejora tangible y se limita a un cambio de empresas, manteniendo condiciones de trabajo que no corresponden a las de empleados del sector público. Criticó que los beneficios se dirigen a quienes menos expuestos están, dejando en desventaja a quienes verdaderamente arriesgan su vida en la primera línea de fuego.

Aseguró que estas medidas son una estrategia previa a las elecciones, instando a los sindicatos a no dejarse engañar por propuestas engañosas. Además, Alberto García Sanz, representante de CGT, abordó cómo el decreto afecta negativamente al personal laboral y funcionarios, indicando que la Junta está ignorando sus derechos y no está dispuesta a mejorar la situación.

Finalmente, Esaú Escolar, de Apamcyl, cargó contra la decisión de la Junta de incorporar nuevos técnicos a un coste significativo, afirmando que esto constituye un ataque directo al colectivo de agentes medioambientales, que ya posee la formación adecuada para abordar la crisis de incendios forestales. La crítica se fundamenta en que, en lugar de reconocer su trabajo, la administración busca implementar una estructura jerárquica que socava la autonomía del grupo.