VALLADOLID, 2 de diciembre.

En el contexto del escándalo conocido como la 'trama eólica', un perito designado por la Junta de Castilla y León ha emitido un dictamen donde sostiene que los promotores que se consideran agraviados en este caso no tienen derecho a recibir compensación económica, dado que sus pérdidas ya fueron saldadas cuando vendieron sus participaciones a otras empresas.

A pesar de que el informe inicial fue redactado por un experto recientemente fallecido, el actual testigo clave en el proceso, Rafael Ayuste Cupido, exjefe del Departamento de Energías Renovables del Ente Regional de la Energía (EREN), ha reafirmado su contenido durante una reciente comparecencia. Este testimonio refuerza la idea de que las compañías Altos del Rasero, IDER y Augusta Wind no tienen fundamento para exigir compensaciones a la Junta, especialmente tras vender sus derechos bajo condiciones que argumentan eran coercitivas, presuntamente impulsadas por figuras clave como el exconsejero y exviceconsejero de Economía, Tomás Villanueva y Rafael Delgado.

En sus declaraciones, obtenidas por Europa Press, Ayuste Cupido ha calificado de "meros promotores tramitadores" a los reclamantes, en contraposición a los grandes inversores que manejarían la operación de los parques eólicos. Además, ha criticado la técnica utilizada por estas tres empresas para calcular las pérdidas, indicó que ninguno de ellos ha presentado pruebas de daño que justifiquen una compensación, afirmando que, en consecuencia, les corresponde "cero euros".

Revisando detenidamente el caso de Altos del Rasero, el perito sugirió que, suponiendo el tribunal reconozca alguna pérdida, la cifra adecuada sería de 90.000 euros, calculada con base en el 3% del valor del parque que asciende a 28,9 millones de euros, dado que cada megavatio tiene un valor de 1.000.000 de euros con una tasa de éxito del 10%. En el caso de IDER y Augusta Wind, el informe aclara que no existe derecho a compensación, ya que sus socios fueron adecuadamente resarcidos en el momento de la venta de sus participaciones.

Particularmente, Ayuste Cupido ha estimado que la cifra que podría ser considerada para IDER equivaldría a 4.940.000 euros, cantidad que resulta ventajosa si se toma en cuenta que sus socios recibieron más de 5.000.000 de euros por la venta de acciones en 2005, subrayando que ya han sido compensados ampliamente. Respecto a Augusta Wind, su posible indemnización se establece en 3.860.000 euros, también satisfecho por encima con los más de 7.000.000 de euros por venta accionarial.

El perito, aun esbozando una sonrisa, no vaciló en enfatizar sus diferencias sobre cómo los reclamantes evaluaron sus pérdidas. "Es curioso cómo se valora el lucro cesante de algo que no fue materializado", comentó Ayuste Cupido, al recordar que en el caso de IDER no se desarrollaron ciertos parques por falta de viento.

Un momento peculiar se dio cuando un abogado de una de las empresas afectadas inquirió al perito sobre la rentabilidad de un parque eólico que registraba 2.200 horas de viento. La respuesta burlona del perito provocó la risa general; "Eso depende", replicó, lo que propició la corrección del juez, quien le recordó que debía mantener la seriedad apropiada. "¡Esto no es un espectáculo!, estaba en un juicio y le pido que evite esas actitudes", le advirtió el magistrado Ángel Santiago Martín.

El proceso judicial ha continuado con la aportación de peritos de EDP, que sostienen que la compañía pagó un monto superior al valor de mercado en 2005 por el 79.59% de las acciones de IDER, estimándolas en 21.194.000 euros. Estos peritos argumentan que el valor de adquisición fue excesivo comparado con los precios de venta que se dieron años posteriores, en 2008 y 2015.

El juicio se reanudará el próximo 9 de diciembre, y un día después comenzará el interrogatorio de las catorce personas implicadas, quienes enfrentan un total de 123,5 años de prisión y multas que alcanzan los 850 millones de euros.