El informe pericial presentado establece que el Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda, conocido como 'La Perla Negra', tiene un valor en el mercado de casi 67 millones de euros. Esta cifra está cerca de los 60 millones (52 más IVA) que Gesturcal pagó por la adquisición del edificio, que está siendo investigada en la Audiencia de Valladolid en un juicio iniciado a finales de febrero.
En su comparecencia, el perito Alexis Merino ratificó tanto el informe sobre el valor inicial de arrendamiento del edificio como el posterior sobre el precio de compra, que sitúa en 66.683.000 euros. El cálculo se realizó sobre la capitalización de rentas a abonar por los arrendatarios.
El perito explicó que el precio calculado sería por un edificio de 'La Perla' ya terminado y dispuesto para el uso por el que fue adquirido. Otro perito propuesto por el juzgado indicó que la valoración podría superar los 60 millones, cifrándola en 58 millones de euros con una precisión del 90 por ciento.
El experto también se refirió a la compra de terrenos en Portillo para un polígono industrial que nunca se ejecutó. Destacó el valor de las parcelas por su potencialidad en cuanto a desarrollo y buena comunicación, que no permitió que se deshicieran de ellas a un precio ordinario.
El exauditor de Price Waterhouse, Miguel San Jurjo, ratificó que la compra de terrenos en Portillo se basó en un estudio de viabilidad de acuerdo con prácticas de mercado. Una tasación estableció una diferencia de más de 100.000 euros a favor de la sociedad compradora sobre el valor del bien adquirido.
El juicio continuará con nuevos testimonios, y las testificales de los encausados se pospusieron hasta el 24 de abril. El proceso investiga la compra de 'La Perla' y el polígono industrial de Portillo, operaciones supuestamente propiciadas desde la Consejería de Economía y Empleo para beneficiar a determinadas mercantiles a través de Gesturcal SA y ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.
Las peticiones de cárcel en conjunto oscilan entre los 79 años solicitados por la Fiscalía, los 221 solicitados por el Partido Socialista de Castilla y León y los 20 pedidos por la Junta para ocho de los encausados.
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