El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha emitido un fallo significativo en el caso de A.S.A., un agente de la Policía Nacional, al absolverlo del delito de detención ilegal que había sido condenado en un juicio anterior. Sin embargo, la sentencia no concluye sin una nueva condena: el tribunal ha dictado que el acusado es culpable de un delito contra la libertad individual, lo que conlleva una inhabilitación de cuatro años para ejercer su profesión.

La decisión fue tomada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, situada en Burgos, que revisó el recurso presentado por el agente. La condena anterior, que consistía en tres años de cárcel impuesta por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial en febrero, ha sido anulada. La nueva sentencia redefine los hechos, considerándolos dentro del marco de un delito contra la libertad individual y aplicando una atenuante por reparación del daño, lo que resulta en una pena que prohíbe a A.S.A. trabajar como policía durante cuatro años, según las declaraciones del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal castellano-leonés, citadas por Europa Press.

En el juicio anterior, A.S.A. ya había sido absuelto de un delito contra la integridad moral, ya que el tribunal consideró que las acciones del acusador no alcanzaban a ser degradantes o humillantes, a pesar de que propinó un puñetazo y patadas a la víctima. Las acusaciones pública y particular no solicitaron una condena por maltrato, lo que ha llevado a la actual resolución del caso.

En términos de daños morales, se ha estipulado que el agente debe pagar a la víctima una indemnización de 9.000 euros, suma que ya había sido consignada previamente al inicio del juicio. Esta acción de reparación contribuyó a la consideración de la atenuante de daño reparado en el fallo más reciente.

Los fiscales, que al principio requerían siete años y medio de prisión, así como la acusación particular que pedía cinco años, rebajaron su solicitud a tres años y medio durante la última jornada del juicio, fusionando ambos cargos: el de detención ilegal y el de delito contra la integridad moral. Además, pidieron un total de diez años de inhabilitación para A.S.A.

La defensa por su parte, abogó por una pena mínima y propuso una sanción leve de 90 euros por maltrato, pidiendo la absolución total de la acusación de detención ilegal, argumentando la existencia de un error invencible. En caso de no concederse la absolución por detención ilegal, solicitó una suspensión temporal de un mes y medio de empleo y sueldo.

Durante el juicio, el agente Jorge A.S.A. se mostró arrepentido y comentó que la situación lo había sobrepasado el día 25 de mayo de 2022. La víctima había acudido a la Comisaría de Parquesol, donde hizo preguntas incoherentes sobre unidades policiales conocidas como GEO, lo que complicó la interacción con el agente, ya que en esos instantes no había ninguna unidad presente con dicha nomenclatura.

A.S.A. aseguró que no se percató del estado perturbado de Atila S., argumentando que a la comisaría suele acudir gente con comportamientos extraños. Además, explicó que durante esta confusa conversación tuvo que atender a otros incidentes que lo obligaron a dejar momentáneamente el mostrador, lo que permitió que Atila se adentrara en el edificio policial.

Agobiado por la confusión y el posible peligro por el contenido sensible que resguardaba la comisaría, A.S.A. alertó a sus compañeros ante la preocupación de que Atila pudiera ocultarse o causar problemas en las instalaciones. Con un equipo de policías, lograron encontrar a Atila en la segunda planta, preguntando por el encargado del lugar.

Durante la conducción de la víctima hacia las escaleras, A.S.A. defiende que Atila mostró resistencia, llegando a golpearlo. En un acto de autodefensa, el agente admitió haberlo reducido con un puñetazo y una patada cuando Atila ya se encontraba de rodillas en el suelo. A pesar de reconocer la necesidad de acción ante una posible confrontación, el agente tampoco negaba que se había excedido en el uso de la fuerza.

Atila, por su parte, expresó que había acudido a la comisaría buscando ayuda para ser ingresado debido a un brote psicótico. Su conmovedora declaración revela que tras ser agredido por A.S.A. experimentó un regreso traumático a su infancia, donde sufrió abusos en un orfanato. Negó haber golpeado al agente en cualquier momento.

Además, los compañeros de A.S.A. presentes en el momento de la detención no recordaron haber visto que Atila agrediera a su compañero. Algunos testimonios describieron cómo Atila estaba muy alterado en el vestíbulo, alcanzando incluso a desnudarse, y solo un par de agentes mencionaron que A.S.A. lo golpeó “de forma sorpresiva como para calmarle”.

Finalmente, el superior del acusado se presentó como testigo, afirmando que fue él quien ordenó la detención de Atila, basándose únicamente en la versión que A.S.A. había proporcionado, sin haber revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad que pudieron ofrecer un relato más claro de los sucesos en el hall de la comisaría.