En un paso sin precedentes, se ha derogado el Decreto de Memoria Democrática en Castilla y León con la presentación de la Proposición de Ley de Concordia por parte de los grupos parlamentarios del PP y Vox. Esta normativa busca eliminar interpretaciones parciales de la historia y ampliar la consideración de víctimas políticas desde la II República hasta la Dictadura, abarcando el periodo comprendido entre 1931 y 1978.

La iniciativa, registrada en las Cortes regionales, cumple con uno de los acuerdos entre PP y Vox para la legislatura y marca un hito tras dos años de negociaciones. Contrario a lo esperado, fueron los grupos parlamentarios y no el Gobierno regional los que presentaron la Proposición de Ley.

Este texto tiene como objetivo principal, según explicó Carlos Menéndez, equiparar el tratamiento de todas las víctimas políticas de ese período histórico, ampliando el enfoque del Decreto de Memoria Democrática de 2018, que excluía a las víctimas de la II República. Menéndez defiende la interrelación historiográfica de los años incluidos en la norma, sin equiparar la II República con la Dictadura, como aclaró Raúl de la Hoz: "Nosotros no somos historiadores".

De la Hoz señaló que "las víctimas son víctimas en todo caso", enfatizando que la vulneración de derechos humanos es inaceptable independientemente de las circunstancias en las que ocurra. La creación de una Comisión de Exhumaciones sin asociaciones y con capacidad de resolución es otro de los aspectos destacados de esta Proposición de Ley de Concordia en Castilla y León.