VALLADOLID, 27 Ago. — Las asociaciones agrarias de Castilla y León, incluyendo Asaja, la alianza UPA-COAG y UCCL, junto a diversas entidades e instituciones sociales, han expresado su firme rechazo a la reciente propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. Consideran que esta iniciativa resulta "dañina" tanto para el sector agrícola como para el desarrollo rural, demandando a las autoridades europeas que formulen un nuevo plan que asegure un presupuesto "adecuado", garantizando la igualdad territorial y el mantenimiento de las ayudas para los agricultores y ganaderos.

Las organizaciones agrarias han presentado su posición a través de una declaración respaldada por el PSOE de Castilla y León. La portavoz socialista de Agricultura y Ganadería en las Cortes, Virginia Jiménez, informó sobre una reunión entre el secretario general del PSOE, Carlos Martínez, y los representantes agrarios, donde se aseveró que la reforma de la PAC propuesta por la Comisión Europea a partir de 2028 constituiría un "serio golpe" para el ámbito rural de Castilla y León.

En su intervención, Jiménez resaltó que el nuevo marco financiero plurianual sugiere "recortes significativos" en el presupuesto agrícola, planteando una reducción de hasta el 22% en comparación con el periodo anterior. Además, cambia la estructura existente, eliminando los dos pilares actuales y configurando un único fondo centralizado.

Esta reestructuración conlleva la eliminación de importantes ayudas directas y pone el segundo pilar de desarrollo rural bajo la gestión y cofinanciación de los estados miembros, lo cual puede generar "desigualdades" tanto entre países como entre regiones, afectando especialmente a las zonas rurales que son más vulnerables y dependientes del sector primario.

El PSOE enfatiza la necesidad de unidad institucional, social y política en este "momento crucial" para oponerse a esta reforma, defendiendo una PAC "resiliente y equitativa", que sea un compromiso colectivo con el campo y las personas que lo habitan, sin intereses partidistas.

Jiménez también subrayó que se está solicitando a la Unión Europea una nueva política agraria con un presupuesto "suficiente y equilibrado territorialmente". Reiteró que esta cuestión trasciende la política partidista, representando la voz genuina del campo y los pueblos.

La portavoz socialista destacó la unión social, agraria e institucional que respalda la declaración, subrayando el compromiso colectivo para enfrentar la postura de la Junta que, según afirmó, se ha limitado a exigir al Gobierno central sin atender adecuadamente los requerimientos del sector agrícola.

Jiménez mostró su preocupación por el hecho de que tanto el PP europeo como el español busquen "desmantelar" la PAC, promoviendo "los mayores recortes en su historia", lo que, según advirtió, podría quebrar la lógica de solidaridad europea que ha sostenido al campo durante décadas.

Asimismo, el PSOE considera que la propuesta europea representa un "error histórico" y se comprometieron a hacer frente a esta situación con unidad y determinación desde Castilla y León. La portavoz mencionó que las propuestas contenidas en la declaración serán presentadas en las Cortes a través de distintas iniciativas legislativas.

La declaración institucional, respaldada por el PSOE, incluye una serie de demandas a las instituciones europeas, exigiendo un nuevo marco que garantice un presupuesto adecuado, igualdad territorial y la preservación de los pilares fundamentales de la PAC.

Las organizaciones también están pidiendo que se integre el principio de reciprocidad en todos los acuerdos comerciales con terceros países, asegurando que estos cumplan con requisitos medioambientales, agronómicos y sociales equivalentes a los exigidos a los productores locales.

Asimismo, se demanda la reducción de requisitos medioambientales que incrementen los costos de producción sin respaldo científico agronómico y que no sean compensados económicamente, así como la simplificación de la aplicación de la nueva PAC y la disminución de la burocracia.

Finalmente, las asociaciones agrarias instan al Gobierno central y a la Comisión Europea a establecer medidas concretas que mitiguen la pérdida de ingresos del sector agrícola y ganadero resultante del acuerdo arancelario con Estados Unidos, así como a fomentar una PAC que priorice un enfoque rural y territorial, favoreciendo al agricultor profesional y reservando fondos para áreas despobladas o con alta dependencia agraria.

Además, piden a la administración autonómica que coordine sus esfuerzos con las organizaciones agrarias y los pueblos, así como con otros agentes sociales, para asegurar que los fondos destinados al desarrollo rural tengan un impacto positivo en todas las áreas rurales.