VALLADOLID, 20 de noviembre. Un giro inesperado en la política financiera de Castilla y León se ha consumado con el rechazo al proyecto de Ley de Presupuestos para 2026. Esta decisión forzará a la Junta a extender los actuales presupuestos de 2024, puesto que el año anterior no se presentó un proyecto viable para las cuentas de 2025, limitándose a dejar un anteproyecto.

Con esta prórroga, Castilla y León comenzará el año 2026 con el mismo marco financiero que fue aprobado el 30 de abril de 2024, en un acuerdo exclusivo entre el Partido Popular y Vox. Este acuerdo rechazó las 2.305 enmiendas de la oposición que se habían mantenido hasta el último momento en la tramitación legislativa.

El presupuesto vigente de 2024 asciende a 14.562 millones de euros, una cifra inferior a los 15.715 millones contemplados en el proyecto rechazado por la oposición. La votación del 30 de abril marcó el final de una prórroga previa de las cuentas de 2023, que se habían mantenido en vigor al inicio de ese año.

De esta manera, Castilla y León vivirá un evento histórico al experimentar una novena prórroga presupuestaria, con la particularidad de que será consecutiva, ya que se extenderá desde 2024 a 2025 y luego a 2026.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, criticó enérgicamente a la oposición durante las votaciones de las enmiendas. Aseguró que este proyecto de presupuesto volverá a evaluarse y será aprobatado cuando el PP logre una nueva mayoría en las elecciones programadas para marzo de 2026.

Recordemos que el presupuesto de 2024, que comenzó como una prórroga de las cuentas de 2023, careció de una Ley de Medidas Tributarias y Financieras, debido a un malentendido entre los partidos que sustentan al Gobierno, que llevaron a aceptar enmiendas del PSOE antes de su rechazo final.

La última prórroga anterior anterior se realizó en 2022, la cual fue forzada por la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas, justo antes de un importante debate parlamentario sobre las enmiendas a unas cuentas que estaban diseñadas para ser discutidas por un Gobierno en funciones del PP y Ciudadanos.

A diferencia de 2019 y 2020, donde no se presentó ninguna cuenta, en 2022 la Junta sí había presentado un proyecto, valuado en 12.835 millones de euros, que llegó a avanzar en la tramitación antes de que la disolución de las Cortes truncara su debate final.

Las prórrogas anteriores incluyen la prórroga del presupuesto de 2018, que se extendió a 2021, marcando un récord en la Comunidad; y otras en 2011 y 2016, que finalizaron en la aprobación de presupuestos a mitad de año, algo que no ocurrió en los ejercicios mencionados anteriormente.

El expresidente Juan Vicente Herrera ya había optado por la prórroga en 2012 y 2017, debido a circunstancias excepcionales como la falta de un presupuesto estatal claro y cambios en las proyecciones financieras.

La prórroga de 2012 obligó a los consejeros a presentar justificaciones detalladas para cualquier gasto, mientras que la de 2016 se manejó con más flexibilidad, adaptándose a las exigencias económicas de un contexto distinto al de cinco años atrás.

En resumen, la historia de las prórrogas presupuestarias en Castilla y León sigue siendo un reflejo de la complejidad y las tensiones políticas que afectan la gestión financiera en la Comunidad, dejando en evidencia la necesidad de una mayor estabilidad y claridad en la financiación pública.