VALLADOLID, 28 Sep. - El Comisionado de la Transparencia en Castilla y León, Tomás Quintana, ha instado a llevar a cabo una modificación en la Ley de Transparencia que incluya sanciones coercitivas para asegurar su cumplimiento por parte de las administraciones, a pesar del aumento en la colaboración registrado en 2022.
Quintana ha presentado hoy la Memoria Anual del Comisionado de la Transparencia ante la Comisión correspondiente en las Cortes, donde ha reiterado una vez más la necesidad de llevar a cabo una reforma legislativa que permita el uso del medio de coacción "más adecuado" como forma de ejecución forzosa para exigir el cumplimiento de las resoluciones del Comisionado.
De esta manera, ha mencionado las multas coercitivas como una de las soluciones y ha argumentado la necesidad de realizar esta reforma debido al número de resoluciones favorables incumplidas. En 2022, de las 262 resoluciones emitidas, un total de 47 no han sido cumplidas, ante lo cual el Comisionado "no puede hacer más que publicar el incumplimiento en la página web".
"La transparencia en la actuación de los entes públicos es fundamental para las sociedades democráticas. Estoy convencido de que seguiremos avanzando hasta internalizar completamente la idea de que la actuación de los entes públicos debe desarrollarse con total transparencia, como en edificios de cristal", ha afirmado Quintana.
En este sentido, Quintana ha expresado la necesidad de que los ciudadanos dispongan de instrumentos normativos para ejercer este derecho, uno de los cuales son los órganos de garantía de la transparencia. Además, considera importante que los entes públicos asuman plenamente que los ciudadanos son titulares del derecho a saber.