VALLADOLID, 14 de noviembre.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha presentado su propuesta de presupuesto para el año 2026, que asciende a 478 millones de euros, lo que representa un aumento del 5,1% respecto al año anterior. De esta cantidad, se destinarán 48 millones para aliviar las cargas fiscales de los trabajadores autónomos, un apoyo que se califica como "histórico". Estas medidas se enmarcan dentro de un plan que prevé la creación de aproximadamente 17.000 nuevos puestos de trabajo mediante iniciativas locales y sociales.

La consellera Leticia García, quien dio a conocer estas cifras en la Comisión de Economía y Hacienda del parlamento autonómico, subrayó que el presupuesto tiene un enfoque "marcadamente social". En su intervención, destacó que es uno de los más ambiciosos de la historia de la comunidad, destinado a traducir el buen estado económico de Castilla y León en oportunidades y desarrollo para todos los ciudadanos y regiones del territorio.

Según García, el propósito central es garantizar que todas las personas desempleadas o emprendedores tengan acceso a condiciones favorables para trabajar. Para ello, se implementarán políticas centradas en tres áreas esenciales: promoción del empleo, apoyo al autoempleo y emprendimiento, además de la modernización del tejido empresarial.

Los autónomos recibirán una atención prioritaria en este nuevo presupuesto, marcado por un "esfuerzo histórico". Los 48 millones destinados a este colectivo buscan aliviar la carga fiscal y fomentar el emprendimiento, teniendo en cuenta que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mayor número de autónomos en relación a su población activa. "Apoyar a los autónomos es una prioridad para el Gobierno, y es una medida indispensable para hacer frente al incremento de gastos y burocracia impuestos por la normativa nacional", enfatizó García.

Para abordar esta situación, se pondrá en marcha un Bono Cuota Autónomos que contempla 30 millones en ayudas directas a fondo perdido, beneficiando a cerca de 100.000 autónomos en la región. También se reforzará la Tarifa Cero Segunda Oportunidad, que cuenta con un presupuesto inicial de 1,6 millones, con el objetivo de reembolsar la cuota de Seguridad Social durante los primeros 18 meses de actividad.

Además, se continuará con el programa de relevancia generacional conocido como Relevacyl, que dispondrá de 3,2 millones para evitar el cierre de negocios viables por jubilación, promoviendo su traspaso a nuevos emprendedores que deseen optar por el autoempleo.

García ha criticado la política del actual Gobierno central, al afirmar que "demoniza" a los empresarios y asfixia a los autónomos, a lo que ha calificado como un enfoque erróneo que contradice el supuesto progreso defendido por el Ejecutivo de Sánchez.

El Servicio Público de Empleo también reinvierte en el emprendimiento, con aumentos en su presupuesto y el refuerzo de programas como el de Fomento del Autoempleo y la contratación del primer trabajador. En conjunto, estos programas constituyen una inversión de 10 millones de euros.

La propuesta de presupuesto demuestra un firme compromiso con la economía social, al destinar 38 millones de euros para generar 7.000 puestos de trabajo, en su mayoría para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. A esto se suman otros 10.000 empleos impulsados a través de programas locales y organizaciones sin ánimo de lucro, constituyendo una inversión total de 140 millones para el sostenimiento y creación de empleos en 2026.

El objetivo es mantener la bonanza económica que atraviesa Castilla y León, asignando casi 60 millones a programas municipales de empleo, 6,5 millones a iniciativas sin ánimo de lucro y cerca de 40 millones a programas mixtos que integren empleo y formación.

El eje de creación de empleo contempla una asignación de cerca de 21 millones para promover la estabilidad y la calidad en las contrataciones, así como la conversión de contratos temporales a indefinidos. En el ámbito de formación se destinarán 152 millones, apuntando a mejorar la empleabilidad y el desarrollo profesional.

Dentro de este despliegue, se destinarán más de 81 millones a la cualificación de desempleados, otros 27 millones para prácticas profesionales y 40 millones a programas que integran formación y experiencia laboral, adecuados tanto para el empleo por cuenta ajena como para el autoempleo.

La transformación del Servicio Público de Empleo también es una prioridad. Se espera invertir cerca de 18 millones en un sistema de intermediación laboral más inteligente, apoyado por tecnologías avanzadas que facilitarán el encuentro entre oferta y demanda. Nuevas iniciativas se implementarán, como entrevistas de trabajo expresas y una colaboración más estrecha con entidades educativas y productivas.

Asimismo, se desenvolupará un programa destinado a la captación de talento, conectando a profesionales altamente cualificados con empresas que buscan estos perfiles. La cooperación con universidades públicas también se intensificará, apoyando el empleo juvenil tras la finalización de su formación.

El comercio local recibirá respaldo con ayudas de 21 millones enfocadas en la modernización y digitalización, así como en el impulso de programas informáticos que faciliten la gestión empresarial. También se fortalecerán los incentivos al consumo local, el apoyo a mercados de abastos y la promoción del comercio en áreas rurales.

El desarrollo tecnológico de las pymes industriales será otra de las prioridades, con siete programas en marcha destinados a activar las economías de las zonas menos industrializadas y a atraer inversiones que generen empleo y diversificación económica.

La Consejería ha asignado 32,5 millones, un 30% más que en 2025, para garantizar la seguridad y salud laboral, mientras que para la prevención se han reservado más de 13,7 millones. Las iniciativas en términos de relaciones laborales contarán con 8,6 millones, focalizándose en el mantenimiento del empleo y en compensaciones por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores afectados por regulaciones de empleo temporales.

En conjunto, la asignación presupuestaria para 2026 representa un esfuerzo significativo que busca un equilibrio en el desarrollo social y económico de la región, siempre apoyando a aquellos que generan riqueza y empleo en Castilla y León.