En Valladolid, la Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar en un plazo de seis meses una nueva Ley de Función Pública. Esta ley introduce un nuevo permiso retribuido para las empleadas públicas a partir de las 37 semanas de embarazo, que se reduce a 35 semanas en caso de embarazos múltiples. Se estima que esta medida generará un gasto cercano al millón de euros.

Una de las principales novedades de este anteproyecto es la reestructuración de los Cuerpos y Escalas de la administración autonómica. Este anteproyecto ha sido publicado en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley autonómica de Transparencia y Participación Ciudadana. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya había adelantado estas novedades durante el Debate de Política general el pasado 26 de junio.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, señaló que la nueva ley tiene como objetivo garantizar el adecuado funcionamiento de la administración autonómica, satisfacer los intereses de los empleados públicos y mejorar la calidad de los servicios demandados por los ciudadanos de Castilla y León.

Esta ley buscará adaptar la legislación básica del Estado a las necesidades de la Administración de Castilla y León y sus empleados públicos. Cabe destacar que la actual Ley autonómica de la Función Pública data del año 2005, anterior a la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007.

En cuanto a las novedades del anteproyecto, se incluye un nuevo permiso para las funcionarias embarazadas a partir de la semana 37 de gestación. Esta ampliación del permiso por maternidad es una respuesta a una demanda social y busca mejorar el bienestar de las empleadas públicas.

Además, se contempla la regulación de los Cuerpos y Escalas de los funcionarios en la administración autonómica, adaptándola a la realidad del empleo público actual. Se crearán nuevos cuerpos, como los Cuerpos de Informáticos, y se eliminarán otros que no cuentan con empleados públicos activos en la actualidad.

El anteproyecto de Ley de Función Pública también introduce cambios en la selección de empleados, la carrera profesional, los concursos de traslados y las situaciones administrativas de los funcionarios. Se espera que este anteproyecto sea analizado por las Consejerías y las representaciones sindicales antes de ser aprobado como proyecto de ley en aproximadamente seis meses.