VALLADOLID, 3 de diciembre.

Recientemente, los sindicatos STACyL y Stecyl-i han lanzado serias acusaciones contra la Junta de Castilla y León, alegando que existe una intención deliberada de no cubrir las vacantes de personal administrativo en las instituciones educativas y las direcciones provinciales de educación, lo que, según ellos, busca deteriorar la calidad de los servicios públicos.

Los representantes de ambos sindicatos, Javier Rodríguez y Christina Fulconis, han expresado su preocupación y han solicitado de manera urgente la adopción de medidas efectivas para abordar la alarmante falta de personal no docente en las distintas provincias de la región.

Rodríguez ha señalado que la situación es grave y no es un problema reciente, sino que se ha prolongado durante años, y ha empeorado tras los recortes en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que se implementaron y publicaron en agosto de 2024.

Según sus datos, de los 15.800 puestos estipulados en la RPT de 2024, aproximadamente un 30% permanece sin cubrir, lo que equivaldría a unas 4.600 vacantes que abarcan todas las consejerías, siendo la educación el área más afectada por este problema tan serio.

Además, el portavoz de STACyL ha detallado que la reciente resolución del concurso de traslados en julio ha afectado notablemente a las plazas de auxiliar administrativo, que permanecen sin cubrir a pesar de estar presupuestadas. Esta decisión ha contribuido a agravar la crisis de personal en las instituciones educativas.

Rodríguez ha expresado que, si se celebrara un concurso de traslados con mayor frecuencia, no se alcanzaría el 30% de solicitudes de movilidad, abogando por la necesidad de que este proceso se realice anualmente en lugar de cada cinco o seis años.

En la provincia de Segovia, el 20% de las plazas están vacantes, mientras que en Salamanca hay tres institutos destacados sin el personal administrativo necesario, una problemática que también afecta a diversos centros de Valladolid, cuya Dirección Provincial tiene más de 30 posiciones no cubiertas y se encuentra en una situación de parálisis.

La falta de personal se extiende también a distintos institutos en Zamora y León, donde hay 36 plazas vacantes de un total de 157, y en Burgos se registran 40 vacantes en centros educativos, lo que añade más presión a la ya precaria situación en la educación pública de la región.

La escasez de personal administrativo no solo impacta en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos, provocando demoras en los procedimientos, sino que también causa una sobrecarga laboral para los trabajadores existentes, lo que deriva en estrés y a veces en bajas laborales.

La situación ha alcanzado tal gravedad que los tres organismos de representación del personal funcionario han decidido unirse en acciones de protesta, buscando que sus voces sean escuchadas. Movilizaciones recientes en diversas localidades dan cuenta de su descontento, con el temor de que el gobierno regional intente replicar el modelo de escasez de personal en Educación Secundaria que ya es un hecho en Primaria.

Los sindicalistas enfatizan que la intención de implementar esta política en los institutos es, en sus palabras, una decisión destructiva, instando a la Junta a actuar inmediatamente para sustituir todas las plazas vacantes con carácter urgente.

En este contexto, ambos sindicatos han exigido que si la Consejería de Educación no es capaz de resolver la situación, las consejerías de Presidencia y Hacienda deben intervenir para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios educativos.

La portavoz de Stecyl-i ha manifestado que no están dispuestos a permitir que la ineptitud y la falta de fondos conduzcan al desprestigio de los servicios públicos, argumentando que la falta de personal administrativo para gestionar la educación es un problema que la Junta parece ignorar deliberadamente.

Aseguran que hay bolsas de empleo disponibles para cubrir estas vacantes, lo que hace que la situación sea inaceptable y exigen un plan inmediato para dotar a los centros educativos de las plazas necesarias en función de su número de alumnos, además de enfatizar que no hay suficientes recursos en educación especial para atender las diversas necesidades de los estudiantes.

Los sindicatos confían en que para enero se logre cubrir un buen número de estas vacantes a través de procesos de estabilización, pero han advertido que si la situación no mejora para febrero, están dispuestos a llevar a cabo más movilizaciones en defensa de la educación pública.