Castilla y León reafirma su decisión de no clasificar zonas tensionadas bajo la controvertida Ley de Vivienda. En su lugar, se enfocará en fortalecer su programa de vivienda, con planes claros para el futuro inmediato.

VALLADOLID, 6 de enero.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la comunidad, ha expresado su preocupación por los "significativos desencuentros" que han surgido entre las comunidades autónomas y el Gobierno central en cuestiones de vivienda. Haciendo un balance del pasado, ha pronosticado un 2025 "muy activo", caracterizado por un impulso decidido de las inversiones en la región, que abarcarán mejoras en el abastecimiento de agua, la expansión de la red de calor, así como el desarrollo y creación de nuevos polígonos industriales.

La postura firme de la administración autonómica se sostiene en la convicción de que no hay razón alguna para declarar zonas tensionadas según la Ley de Vivienda. Suárez-Quiñones subraya que esta medida es "errónea" y ha fracasado en todas las localidades donde se ha implementado.

El consejero sostiene que la ley en cuestión es contraproducente a sus objetivos supuestamente correctivos, ya que crear un ambiente de miedo entre proprietarios puede resultar en un enfriamiento del mercado de alquiler. En una entrevista con Europa Press, defendió que es esencial promover un clima de confianza y seguridad jurídica para que los propietarios se sientan incentivados a alquilar sus propiedades.

Respecto a la relación conflictiva de Castilla y León con el Gobierno central en este ámbito, Suárez-Quiñones ha argumentado que la administración de Pedro Sánchez ha actuado de manera "unilateral". La creación del bono joven de ayuda al alquiler, según él, se ha diseñado sin tener en cuenta las ayudas ya ofertadas por las comunidades, generando confusión y competencia innecesaria en un contexto donde "la falta de fondos ha dejado a tres de cada cuatro jóvenes sin apoyo".

El consejero ha señalado que el bono de alquiler es solo un ejemplo de lo que considera la falta de coordinación y unilateralidad del Gobierno, que ignora la necesidad de colaboración con las comunidades en la toma de decisiones fundamentales.

Esta problemática ha revestido especial relevancia tras la promulgación de la reciente Ley por el Derecho a la Vivienda, que ha sido calificada de "absolutamente unilateral" y que, según Suárez-Quiñones, presenta artículos que han sido declarados inconstitucionales. Esto, además, incluye aspectos muy cuestionables, como la regulación de zonas tensionadas para controlar los precios del alquiler.

En este sentido, el consejero reitera que esta ley no ha cumplido su propósito inicial y ha sido un fracaso en territorios como Cataluña, donde la declaración de zonas tensionadas ha resultado infructuosa. Reiteró que las comunidades no están obligadas a adoptar medidas que consideran inapropiadas o ineficaces.

En función de esto, Suárez-Quiñones ha instado al Gobierno a que actúe con "sensatez, justicia y equilibrio", criticando la actitud de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha reprochado a las comunidades su falta de aplicación de la norma.

Para el consejero, el Ejecutivo no debería sobrepasar las competencias de las comunidades, y ha defendido que Castilla y León no se regirá por métodos coercitivos, sino por un enfoque que promueva la asistencia y la estabilidad jurídica en el sector del alquiler.

Asimismo, ha manifestado su desacuerdo con la regulación actual sobre la recuperación de propiedades ocupadas ilegalmente, un proceso que ha "retrasado" el acceso de los propietarios a sus viviendas. Esta situación, según él, ha generado un clima de desconfianza en el mercado inmobiliario, una tendencia frente a la que la Junta de Castilla y León se opone firmemente.

Como consecuencia, ha solicitado la derogación de la Ley del Derecho a la Vivienda y una negociación con las comunidades para establecer un marco normativo "coordinado".

Suárez-Quiñones también ha expresado su deseo de mejorar las relaciones con el Gobierno nacional en el próximo año. Durante las conferencias sectoriales con la ministra, ha experimentado un trato "muy afable y agradable", pero ha criticado que las palabras no se traducen en acciones concretas de cooperación.

A pesar de los roces con el Gobierno, el consejero ha destacado la existencia de un "gran consenso" en la comunidad entre la Junta y los organismos locales, orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Uno de los ejemplos citados por Suárez-Quiñones se refiere a notable inversión en el sector del agua, donde se están ejecutando obras por más de 450 millones de euros, en colaboración entre la Junta, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.

El consejero ha expresado su intención de continuar con esfuerzos significativos en el ciclo del agua y el abastecimiento, con proyectos que también buscan crear empleo en las áreas rurales y estimular la mejora de las condiciones de vida en los pueblos para atraer a nuevos residentes.

En esta línea, la Junta pretende avanzar en el desarrollo de programas de vivienda que ofrezcan soluciones habitacionales en áreas rurales donde, a pesar de la presencia de industrias, se carece de residencias adecuadas. Por lo tanto, el enfoque del Gobierno regional será "muy activo" en esta materia a lo largo de 2025.

Finalmente, el consejero ha subrayado la importancia de un programa "relevante" que prevé la ampliación y creación de nuevos polígonos industriales en Castilla y León, dirigidos a potenciar las energías renovables, con un presupuesto de 200 millones de euros destinado a crear más de 15 millones de metros cuadrados de terreno industrial "moderno, equipado y asequible".

Estas inversiones se distribuirán en diversas provincias, generando oportunidades para nuevas empresas y fomentando el crecimiento del empleo en la región.