La Fiscalía ha manifestado su preferencia por llevar a cabo el interrogatorio del investigado en una sola sesión, una decisión que ha llevado a que la declaración prevista para el próximo 16 de diciembre se tome en cuenta de manera integral, abarcando todos los hechos relacionados con el caso en curso.

En un giro notable de los acontecimientos, un abogado que representa a una funcionaria de las Cortes ha presentado una ampliación de la denuncia en la que se acusa al secretario general y letrado mayor de la institución, Marcos H. M-T, de acoso laboral. Esta situación ha sido la razón principal para la suspensión de la declaración que estaba programada para este jueves en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid.

Inicialmente, se esperaba que el interrogatorio de Marcos H. M-T. comenzara a las 09:30 horas, sin embargo, varios contratiempos, incluido el hecho de que el juez no estaba disponible en su despacho para llevar a cabo el procedimiento por videoconferencia, así como el anuncio del abogado de la acusación sobre su intención de agregar más denuncias, provocaron la cancelación de la sesión judicial, según informaron fuentes del ámbito jurídico a Europa Press.

En vista de esta nueva circunstancia, el fiscal del caso, en acuerdo con las partes implicadas, ha solicitado que el interrogatorio se realice de manera conjunta. Esto permitirá que el investigado sea interrogado no solo sobre las acusaciones iniciales, sino también sobre las nuevas acusaciones que se incluirían en la ampliación de la denuncia. Por esta razón, el juez ha decidido posponer el interrogatorio para el 16 de diciembre a las 09:30 horas.

Además, la acusación pública ha subrayado la importancia de que toda la prueba documental sea presentada antes de la fecha establecida para la declaración del investigado. Este requerimiento fue formulado por la fiscal jefe, Soledad Martín Nájera, en el momento en que se presentó la denuncia de la funcionaria, la cual desencadenó la apertura de las diligencias por sospecha de un posible delito de acoso laboral en el ámbito administrativo.

La Fiscalía de Valladolid ha solicitado que se convoquen como testigos a varios trabajadores miembros de la Junta de Personal desde mayo de 2022 hasta la actualidad. También han pedido que la Secretaría General de las Cortes de Castilla y León proporcione información sobre el puesto que ocupa la denunciante desde esa misma fecha, así como las funciones que desempeña, además de los detalles sobre los miembros del cuerpo técnico, sus cargos y funciones bajo el mismo marco temporal.

En lo que respecta a la prueba documental, que debe ser enviada al Juzgado de Instrucción número 4 antes del interrogatorio del secretario general, se incluye toda la documentación relacionada con la reestructuración de los puestos de trabajo en el organigrama vigente desde abril de 2022 hasta la actualidad, así como los procesos selectivos en curso, y un informe del médico forense sobre el impacto que la situación ha tenido en la denunciante.

La denuncia contra el secretario general y letrado mayor de las Cortes ha generado también controversia dentro de la institución, con dirigentes políticos como el procurador Francisco Igea, junto a los portavoces del PSCyL y de Podemos, Luis Tudanca y Pablo Fernández, solicitando la suspensión provisional del investigado debido a la gravedad de las acusaciones. Es anticipado que esta solicitud sea debatida en la reunión de este viernes de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces.

La denuncia ante la Fiscalía de Valladolid fue presentada por la funcionaria, quien se encontraba en baja laboral por motivos psicológicos atribuidos a estos supuestos acosos. Este conflicto se originó cuando el denunciado la apartó del cargo de jefa del Servicio de Gestión Administrativa de las Cortes, que ella había ocupado desde el 21 de mayo de 2018 hasta mayo de 2022.

La notificación de la revocación de su cargo le fue comunicada por el ahora investigado telefónicamente, y además durante su periodo de vacaciones. A partir de ese momento, la funcionaria denunciante alega que fue despojada de todos sus permisos informáticos y accesos a las aplicaciones necesarias para su puesto, así como de certificados de firma electrónica, lo que afectó gravemente su desempeño laboral.

Según sostiene la denunciante, todas las acciones emprendidas por el investigado después de su desalojo del cargo han tenido como propósito humillarla y aislarla tanto laboral como socialmente, lo que ha perjudicado su trayectoria profesional. Además, afirma que se han llevado a cabo maniobras para que cualquier puesto que pudiera obtener en las Cortes de Castilla y León no contara con funciones significativas y estuviera por debajo de sus competencias y salario frente a sus colegas.

De acuerdo con la denuncia, el objetivo ha sido obstaculizar su acceso a puestos relacionados con la gestión administrativa y la contratación pública, cambios que se han implementado mediante modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la creación de convocatorias restrictivas que excluyen a la denunciante, lo que tipifica como una represalia por su parte.

La denunciante había impugnado previamente la revocación de su nombramiento a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El fallo, emitido el 22 de abril de 2024, anuló la decisión de la administración por entender que se había tomado sin seguir el proceso legal adecuado, además de considerar que la actuación del investigado vulneraba los derechos de dignidad y profesionalidad de la funcionaria.

Adicionalmente, el tribunal también anuló la inclusión del requisito de contar con dos años de experiencia en el ámbito de las Cortes de Castilla y León para la conversión de la plaza de la funcionaria denunciante en una posición de Cuerpo Técnico, Escala Económico-Financiera, como parte de la modificación de la RPT. En su sentencia del 20 de julio de 2023, se concluyó que esta exigencia carecía de fundamento objetivo y violaba los derechos fundamentales de igualdad de acceso a la función pública, según lo establecido en la Constitución.