Un caso de presunta sanción ambiental y fraude está en marcha en Valladolid, donde tres hermanos se enfrentan a un juicio que comenzará el 1 de octubre. Se les acusa de operar sin las autorizaciones necesarias una empresa dedicada al tratamiento de escorias de aluminio y a la fundición de chatarra automotriz durante más de una década, lo que supuestamente resultó en la contaminación de un terreno que posteriormente vendieron a un tercero con la intención de establecer un centro ecuestre.

El tribunal escuchará el caso contra José María C, quien actuó como administrador tras la muerte de su padre en 2006, y sus hermanos Francisco y María de la Flor, empleados de la misma sociedad. La empresa, que se ocupaba de la transformación de materiales reciclables, no tenía los permisos requeridos, ya que su actividad involucra residuos que pueden ser dañinos para el medio ambiente, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

A los tres hermanos se les imputa un delito ambiental y otro de estafa, con posibles condenas que superan los cuatro años de prisión. La acusación incluye penas específicas, que van desde multas monetarias hasta la inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con su empresa por un periodo significativo. Además, la compañía enfrenta una demanda fiscal por una sanción económica considerable.

La Fiscalía también solicita la anulación de la venta del terreno contaminado, ubicado en Renedo de Esgueva, reclamando que los compradores sean indemnizados por los daños ocasionados, incluyendo los costos de análisis del suelo y la imposibilidad de llevar a cabo su proyecto de centro hípico.

Durante el juicio, que se extenderá hasta el 3 de octubre, se examinará la responsabilidad de los acusados en relación con las actividades de su empresa, que contaba con instalaciones que incluían una nave para almacenar chatarra y otra para la recolección de productos procesados. A pesar de contar con una resolución en 2006 que negaba la autorización para gestionar residuos peligrosos, la empresa continuó operando y hasta se mencionan intentos de ocultar material contaminante en el terreno.

Después del fallecimiento del fundador, los terrenos fueron heredados por los tres hermanos y su madre. A pesar de conocer la situación del suelo, la Fiscalía sostiene que ocultaron esta información durante la venta de la propiedad en octubre de 2021, cuando los nuevos propietarios planificaban establecer un centro hípico.

Los nuevos dueños descubrieron problemas durante la preparación del terreno, incluyendo la presencia de materiales metálicos y líquidos con olor a amoníaco, lo que llevó a contactar a la Guardia Civil. Posteriormente, se iniciaron investigaciones en la zona, revelando una serie de sustancias peligrosas que representaban un riesgo significativo para la salud y el medio ambiente.

Las pruebas recogidas por el Seprona indicaron que los contaminantes no podían ser vertidos sin un tratamiento adecuado, y se evidenciaron violaciones graves de las normativas ambientales vigentes, lo que ha derivado en la necesidad de una recuperación costosa del suelo, avaluada en casi 3.8 millones de euros.

Con el juicio próximo a iniciar, la sociedad de los hermanos se encuentra en el centro de una controversia que pone de relieve las complejidades y riesgos asociados a la gestión de residuos y la responsabilidad empresarial en cuestiones ambientales. Las repercusiones de este caso podrían marcar un precedente en la legislación sobre contaminación y gestión de terrenos en Castilla y León.