• viernes 30 de septiembre del 2022

TSJCyL asegura 14 años a un varón en Valladolid por abusar sobre su hija a la que dejó embarazada tres ocasiones

img

El culpado llevó a la víctima a abortar aduciendo en la clínica que el responsable era un novio de ella

VALLADOLID, 14 Jun.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la condena de catorce años de prisión a un hombre de nacionalidad boliviana, vecino de Valladolid, por un delito continuado de abusos sexuales con penetración sobre su hija, de nueve años, a la que dejó embarazada en tres oportunidades que concluyeron en abortos practicados en una clínica de la ciudad más importante.

La condena dictada por la Sección Segunda de lo Penal, de fecha 14 de febrero, había sido recurrida por el culpado frente a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con origen en Burgos, que ha desechado dicho recurso y ratificado en su integridad el fallo de primera instancia, consistente en los convocados catorce años de prisión por delito continuado de abusos sexuales con penetración vaginal sobre menor de dieciséis años y con prevalimiento, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal castellanoleonés obtenida por Europa Press.

Los hechos se remontan por mes de agosto de 2010 en el momento en que la víctima, una menor de nueve años de origen boliviana, llegó a España con autorización de vivienda temporal por reagrupación y empezó a residir con sus progenitores legales, por reconocimiento efectuado en su país de origen, más allá de que la víctima, de todos modos, era hermana de la que legalmente figuraba como madre.

Desde esta fecha, el tribunal consideró demostrado que su padre legal y en este momento culpado, asimismo boliviano, empezó a sostener de manera frecuente con la pequeña relaciones íntimas terminadas con penetración vaginal, en oposición a su intención y, más allá de que su periodicidad precisa no pudo determinarse, acostumbraban a efectuarse una vez por mes.

Estos sucesos se generaban en el residencia familiar, utilizando que no estaba en la vivienda el resto de la familia. El acusado entraba en la habitación de la menor y empezaba a tocarla para llegar al final a penetrarla vaginalmente.

Toda vez que sucedían estos sucesos, él vencía la intención de ella valiéndose de la ascendencia que tenía por su edad y por el hecho de que era su padre del que la menor dependía y pues la afirmaba que la adquiriría lo que necesitara.

Como consecuencia de estas relaciones íntimas terminadas, la pequeña se quedó embarazada en tres oportunidades del procesado, más allá de que él la llevó a abortar a una clínica aduciendo que los embarazos se los había causado un supuesto novio.

De esta manera, el culpado firmó los consentimientos informados para la realización de los tres abortos practicados el día 27 de noviembre de 2014, con 18 semanas de gestación, en el momento en que la menor tenía 13 años; el 9 de septiembre de 2016, con 14 semanas de gestación en el momento en que la menor tenía 15; y el tercero, el 3 de agosto de 2017, con seis semanas de gestación, en el momento en que la menor tenía 15 años.

La madre legal de la menor y mujer del acusado no supo nada de los embarazos, ni de los abortos practicados

Estos sucesos cesaron en el mes de marzo de 2020, coincidiendo con el confinamiento familiar en el hogar derivado de la pandemia del Covid.

No fue hasta noviembre de 2020 en el momento en que la tutora del Instituto donde la menor cursaba sus estudios observó que ésta se encontraba extraña, frente lo que le preguntó qué era lo que le pasaba, más allá de que entonces la víctima no contó nada de lo sucedido.

Como no la veía bien, la tutora insistió sobre si tenía algún inconveniente y por último ella, en una tutoría de mayo de 2021, le mencionó que era algo realmente serio, que su padre había abusado de ella a lo largo de años y asimismo le contó que había tenido tres abortos de embarazos de su padre, lo que dio sitio a que la menor presentase la demanda el día 14 de mayo de 2021.

La sentencia condenatoria en este momento confirmada por el TSJCyL incluía la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros, en cualquier sitio donde se halle, tal como respecto de su hogar, rincón de trabajo y algún otro que sea frecuentado por ella; y la prohibición de estar comunicado con citada víctima por cualquier medio o medio informático o telemático, contacto escrito verbal o visual. Estas prohibiciones se establecen por tiempo de 19 años (cinco años mayor a la duración de la pena de prisión).

Asimismo se le impone la inhabilitación particular para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, almacena o acogimiento por tiempo de cinco años; y la inhabilitación particular para cualquier profesión, trabajo o ocupaciones, sean o no remunerados, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo de 19 años (cinco años superior al de la pena de prisión).

Del mismo modo, sigue a la medida de independencia observada, para su cumplimiento posterior a la pena privativa de independencia, con las obligaciones que se fijen conformemente con lo sosprechado en el producto 106.2 del Código Penal, entre las que se van a deber integrar la de prohibición de acercamiento a la víctima, a su residencia y rincón de trabajo y prohibición de comunicación con exactamente la misma, por tiempo de ocho años, tal como la de efectuar un curso de educación sexual.

En término de compromiso civil, el culpado va a deber indemnizar a la perjudicada en la proporción de 20.000 euros por daños morales, con el interés legal sosprechado en el producto 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Más información

TSJCyL asegura 14 años a un varón en Valladolid por abusar sobre su hija a la que dejó embarazada tres ocasiones