VALLADOLID, 10 de febrero.

Las críticas hacia la gestión del Centro de Menores Zambrana han alcanzado un nuevo nivel. Responsables de UGT, junto con miembros del Comité de Empresa del centro, han exigido la destitución de su directora, Ana Lasalle, a quien acusan de convertir el lugar en un "infierno" y han pedido que no se prorrogue el contrato de la empresa gestora, Adis Meridianos. Señalan que la Junta de Castilla y León ha mostrado una "dejadez absoluta" al no supervisar adecuadamente el cumplimiento de los contratos de licitación.

La secretaria de Acción Sindical de UGT, Sara Molledo, ha denunciado que el centro, que debería ser un modelo de reeducación juvenil, ha fracasado estrepitosamente. "En lugar de cumplir su función, se ha transformado en un lugar donde se vulneran constantemente los derechos fundamentales y laborales, además de ser un escenario de violencia sin control", afirmó durante una conferencia de prensa en compañía de otros representantes del sindicato y del Comité de Empresa.

Molledo considera que la inacción por parte de la Consejería de Familia no es solo una falta de atención administrativa, sino que pone en peligro tanto a los trabajadores como a los menores que dependen de sus servicios. "La seguridad de los empleados y de los chavales está en riesgo por culpa de la negligencia institucional", agregó.

En sus declaraciones, Molledo subrayó que el modelo de negocio que prioriza la rentabilidad por encima de la seguridad ha llegado a su fin. "No vamos a tolerar más agresiones sin respuesta ni recortes de derechos bajo el pretexto de la eficiencia económica", enfatizando que la situación actual del Zambrana es un claro indicador del "lujo empresarial" de la gestora y de la inacción de la Junta, que se limita a enmascarar una realidad alarmante.

También intervino durante la atención a los medios el secretario de Servicios Públicos de gestión privada UGT SP CyL, David López, quien presentó cifras que evidencian la falta de atención de la Junta. "Hasta el 2025, hemos constatado que más de 7.500 horas no han sido cubiertas, y más de 206 días se han incumplido las condiciones mínimas exigidas por la normativa", explicó, subrayando que la situación es intolerable.

Por ello, han instado a que no se renueve el contrato con la actual empresa gestora, que termina en julio, sino que se realice una nueva licitación que garantice condiciones laborales dignas para los trabajadores y, sobre todo, un entorno seguro para los menores.

Desde el Comité de Empresa, tanto su presidente, Chema, como su delegada, Ana, han expresado su preocupación por el ambiente de "impunidad" que viven los residentes, a la vez que han reiterado los incumplimientos por parte de la gestora. "No se respetan las ratios, las vacaciones del personal ni la compensación por días festivos. La anterior empresa no obtuvo una renovación por incumplimientos mucho menores que los de la actual", argumentaron.

En el centro hay aproximadamente 90 trabajadores, mientras que el número de internos fluctúa entre 60 y 70. Los representantes del Comité han registrado un elevado número de agresiones, con 16 incidentes contabilizados y un total de 32 denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo, que abarcan desde la falta de adaptación laboral para una educadora embarazada hasta el incumplimiento del protocolo de acoso laboral.

Esta situación ha derivado en un significativo número de bajas laborales por estrés y depresión entre los empleados, así como en el incumplimiento de las ratios de personal, que exigen un mínimo de 48 trabajadores diarios en diferentes turnos, según se destacó.

Por último, el secretario general de UGT Servicios Públicos en Castilla y León, Tomás Pérez, ha dejado claro que la responsabilidad no recae únicamente en la empresa, la cual busca obtener beneficios, sino también en la Junta por no asegurarse de que se cumplan las condiciones estipuladas en los contratos. "Si privatizar no va acompañado de una supervisión adecuada, en lugar de privatizar, se está abandonando el servicio", concluyó.

En este contexto, UGT ha anunciado que pedirá una reunión con la Inspección de Trabajo para abordar el estado de las 32 denuncias presentadas y establecer un calendario de movilizaciones en defensa de los derechos laborales.